La CUP moviliza los tractores de los payeses para bloquear los accesos a los colegios electorales

DISSABTE 30 | Vermut pel referèndum a St Llorenç d’Hortons amb @JordiPL85 i @laia_santis @CUP_Penedes #prenpartit pic.twitter.com/QDcClFqTeo

— CUP Vilafranca (@cupvila) 29 de septiembre de 2017

La «Assemblea Pagesa» (AP), como se hacen llamar, junto a los bomberos y los estudiantes se han organizado para que este viernes todos marchen hacia las grandes ciudades catalanas con un llamamiento a «velas las urnas» el domingo. A través de Twitter, esta asamblea lleva organizando numerosos actos llamando a boicotear la intervención del Estado contra el referéndum ilegal en la vigilia del domingo uno de octubre.

«Invitamos a aparcar a todos los tractores del país en las proximidades de los colegios electorales», detalla la organización en un comunicado lanzado a través de las redes. «La protesta se debe hacer sin que entorpezcan la circulación ni el desarrollo de las votaciones, sin publicidad política de ningún tipo», inciden.

Los payeses piden estar «en vigilancia contra posibles acciones de sabotaje y de entorpecimiento de la votación» y proponen paralizar las vías del país si se producen detenciones de cargos electos.

Aparcan el primer tractor

La asamblea payesa de Lérida, entre otras, ya aparcó esta semana el primer tractor en la puerta del colegio electoral de Les Borges Blanques a modo de aviso hacia los agentes del Estado para «ir calentando motores», señalaron.

Aparcat el 1r #tractor al costat del col·legi electoral de les #BorgesBlanques per defensar l’ #1O @assembleapagesa https://t.co/aAVGl2sYSC pic.twitter.com/0JlOIGMwFG

— ACNponent (@ACNponent) 28 de septiembre de 2017

Desde estas asambleas están convencidos de que los tractores son «el arma de la victoria» y así lo hacen saber a través de las redes.

Garantizar la legalidad

Fuentes policiales aseguran a OKDIARIO que ya tienen previstas estas marchas y que el domingo los colegios estarán «especialmente vigilados» por los agentes. Los sindicatos de la Policía Nacional señalan que el dispositivo de seguridad ha sido diseñado para hacer frente «al desafío secesionista», por lo que no permitirán que «se imponga el acoso o la coacción» y garantizarán la legalidad: «No estamos aquí para perseguir ideas, urnas o papeletas», precisan.

Los cinco sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional -SUP, CEP, UPF, SPP y ASPC-, que representan al 90 % de los agentes de este cuerpo de seguridad, consensuaron un comunicado sobre su actuación en el referéndum del 1 de octubre, convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los sindicatos aseguran que el dispositivo especial de seguridad ha sido diseñado para «hacer frente al ya conocido como desafío secesionista», consecuencia de la «irresponsabilidad de los partidos nacionalistas», que «nos ha colocado en una situación socialmente tensa». Un dispositivo de seguridad basado en el principio «disuasorio» aunque en último término podría ser de «acción», siguiendo criterios de «proporcionalidad» y «congruencia».

Los sindicatos argumentaron que «el imperio de la ley, el sometimiento de las autoridades públicas con ejemplaridad a ella y el respeto a las normas que ordenan la convivencia son pilares quebrados en Cataluña con un proyecto político al margen de los cauces legales». En este sentido, señalan que «por esto motivo», y «no por otro», la Policía Nacional se encuentra en Cataluña: «No para perseguir ideas, urnas o papeletas, como afirman determinados líderes políticos», dicen.

Así, precisan que los agentes de este cuerpo se encuentran en Cataluña como un «instrumento de jueces y fiscales», como una «herramienta de auxilio de sus autos, providencias, instrucciones y disposiciones que pretenden restaurar la legalidad quebrada» en esta comunidad autónoma y como «garantía» de que el sistema legal «no se vea desbordado por iniciativas unilaterales, por la búsqueda de atajos al margen de la legalidad o por estrategias basadas en la imposición y el acoso». En su comunicado, los sindicatos afirman por ello que la policía «no permitirá» que se imponga «el acoso o la coacción».

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