España

CSI-F ayudará a los funcionarios catalanes que no quieran incumplir la ley

Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), ha asegurado este lunes que todos aquellos empleados y funcionarios públicos de Cataluña que se sientan «presionados» para incumplir la legalidad que conlleva el proceso independentista, dispondrán de los servicios jurídicos del sindicato para la ayuda y el asesoramiento que necesiten.

Estas declaraciones hacen referencia a algunas medidas polémicas como la CUP, que propone expulsar a los funcionarios del Estado de Cataluña, debido a que los edificios en los que actualmente trabajan pasarían a ser propiedad de la nueva administración catalana.

El mandatario también ha asegurado que, en las delegaciones que tiene la central en las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, ya cuentan con «instrucciones precisas» para poner sus servicios jurídicos «a disposición» de los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat, de la Administración General del Estado y de los ayuntamientos que «crean que pueden verse obligados a cometer algo en contra de la legalidad vigente».

Borra ha informado que de momento no tienen ninguna queja en este sentido, añadiendo que «los empleados públicos estamos para cumplir las leyes vigentes. Así que CSI-F abrirá sus asesorías jurídicas para los empleados o funcionarios públicos que puedan sentirse presionados para hacer algo no recogido en las leyes».

Labores sociales y no políticas

De todas formas, el Gobierno autonómico no contará con el respaldo de CSI-F si el ejecutivo cumple finalmente con su intención de denunciar a todos aquellos funcionarios que sí colaboren con la Generalitat en el proceso independentista, como ha adelantado el propio Miguel Borra, puesto que esta «confrontación» está «muy por encima» de su trabajo «técnico».

El presidente sindical ha destacado la función de entidades como CSI-F: «defender a los trabajadores» y no «entrar a valorar los temas políticos», como puede ser el conflicto catalán en este caso. Por esto, Borra no considera que Mariano Rajoy deba reunirse con agentes sociales como si fueran líderes políticos debido a que no tienen funciones de ámbito político.

«Nosotros creemos en el marco constitucional y queremos que las leyes se cumplan. Y, desde luego, trabajaremos para que a ningún empleado público en Cataluña se le obligue a realizar algo no recogido en el marco legal», ha zanjado el dirigente de CSI-F.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”