C’s pregunta al Gobierno qué ha respondido al juez del 13 de Barcelona sobre si se usó dinero público el 1-O

El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha registrado una pregunta parlamentaria al Gobierno para que éste explique qué respuesta han dado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los Ministerios de Economía y de Hacienda, tras la petición que éste les dirigió para que dieran las órdenes oportunas con el fin de conocer si existió uso de dinero público en el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

La citada pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el 31 de agosto en sede parlamentaria que no se había dedicado ni un solo euro del Presupuesto de la Generalitat a la financiación del referéndum ilegal.

Sin embargo, añade que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –que investiga la creación de estructuras de Estado por parte del Gobierno catalán así como la organización del citado referéndum–, y el Tribunal Supremo –que también investiga el ‘procés’– han determinado «indiciariamente» que se habían dedicado fondos públicos de la Generalitat a actividades ilegales.

Así, señala que estos tribunales están investigando los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, además de los de sedición y rebelión, por parte de «dirigentes y políticos separatistas de la Generalitat».

Por otro lado, recuerda que es la propia Generalitat la que debe colaborar con la Justicia aportando información y respondiendo a los requerimientos judiciales.

De hecho, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona pidió a la Generalitat que le informara sobre si se había destinado dinero del Presupuesto al 1-O. La respuesta fue negativa e iba firmada por todos los directores de servicio, entre ellos, Natalia Garriga, quien certificó que el Departamento de Oriol Junqueras no había gastado nada del presupuesto en el referéndum. Pero Garriga fue detenida el pasado 20 de septiembre en la ‘operación Anubis’ por orden del mismo Juzgado que le pidió después que declarara qué dinero se había destinado al 1-O.

Además, el encargado de recopilar la información de las Consejerías para responder al Juzgado fue el secretario de Economía, Pere Aragonés, quien aparece en la ‘agenda del procés’ en reuniones para la creación de estructuras de Estado.

Por este motivo, Ciudadanos expone en su pregunta que la colaboración de la Generalitat «no se puede realizar eficazmente si los encargados de responder son los directores» que «podrían estar implicados, y que en todo caso, fueron nombrados por políticos presuntamente responsables de los delitos».

Por ello recuerdan que, ante la falta de colaboración de la Generalitat, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha pedido a los Ministerios de Economía y Hacienda la información sobre si existe alguna partida de gasto para la celebración del llamado «referéndum».

Por qué siguen directores que podrían estar implicados en el 1-O

Tras la exposición se motivos, el diputado de la formación naranja pregunta al Gobierno por qué se han mantenido en sus puestos a directores y secretarios que podían estar presuntamente implicados en la preparación y financiación del 1-O. Y también quiere saber si el Gobierno sigue considerando que «ni un solo euro» público se ha destinado «por lo menos hasta el 31 de agosto» a la financiación de esa consulta ilegal.

Además, el partido naranja quiere saber cuál ha sido la respuesta y la actuación de los Ministerios de Economía y de Hacienda a la providencia dictada por el Juzgado 13 de Barcelona el pasado 23 de noviembre en la que pedía su colaboración en la «persecución de los eventuales delitos cometidos con ocasión del referédum ilegal del 1 de octubre.

En la citada providencia, el juez pedía a los citados ministerios, a través de la Delegación del Gobierno de Cataluña, que dieran las «órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación» del citado oficio en el que pedía saber si había alguna partida de fondos destinada al 1-O.

«¿Va a enviar una misión de control especial?»

Cs también pregunta si el Gobierno puede garantizar que la colaboración con la Justicia de los altos cargos de la Generalitat «ha sido adecuada», sobre todo, en la «investigación de la financiación del pseudo-referéndum ilegal del pasado 1 de octubre que lleva a cabo el juzgado de instrucción 13 de Barcelona».

Y cuestiona además si el Gobierno «piensa enviar una misión de control especial de la Intervención General de la Administración del Estado como propuso hace meses» el partido de Albert Rivera para «verificar que no se producen nuevas desviaciones de fondos públicos hacia actividades ilegales».