Una concejal de Compromís señala a una cafetería por no atenderle en catalán

Maria Viu, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), ha puesto en la picota de la redes sociales a la Cafetería Cleo’s, situada en el mismo municipio, por no atenderle en catalán. La edil ha puesto un tuit con la fachada del establecimiento  con el objetivo de que todos sus partidarios contribuyan al boicot.

«Hoy he intentado almorzar en la Cafetería Cleos, al lado del Centro de Especialidades de Burjassot, pero no ha podido ser por ‘problemas lingüísticos’… ¡Resulta que no sabían el significado de la palabra ‘pa’! La suerte es que en el bar del mercado sí, y estaba todo buenísimo», manifestó Viu en las redes sociales.

«Vino aquí y habló con la camarera, que, al atenderle le dijo amablemente que no entendía lo que le preguntaba puesto que no hablaba catalán. Esta señora salió de la cafetería, tomó la foto de la fachada y se fue. No le di más importancia porque yo me dedico a trabajar», ha afirmado a este medio.

Maria Viu es concejal y delegada de la oficina de promoción del valenciano en el Ayuntamiento de Burjassot. En este Consistorio gobierna el alcalde del PSPV-PSOE, Rafa García, gracias a un pacto con Compromís y Esquerra Unida (EU). Este municipio cuenta con 37.575 habitantes.

No es la primera vez que un cargo de este partido carga contra un trabajador por no contestarle en catalán. En abril del 2017 la vicepresidenta de la diputación de Valencia y militante en la formación pancatalanista, María José Amigó, ya denunció a un policía nacional por discriminación lingüística cuando éste trató de identificarla en una manifestación no comunicada por ser ella la convocante de la movilización. Este caso fue elevado al Congreso de los diputados mediante una pregunta parlamentaria por el portavoz del grupo mixto y militante de Compromís, Joan Baldoví, por «atentado contra los derechos lingüísticos».

El PSPV y Compromís ya han logrado imponer el «valenciano normalizado» a los funcionarios en la atención al público, exigiéndolo también a los proveedores en sus bienes y servicios contratados esgrimiendo que la administración debe «garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por la administración en su lengua materna». Esta medida sumada a una intensa ley de inmersión lingüística en las escuelas está provocando el éxodo de funcionarios y ciudadanos arraigados en la Comunidad Valenciana. Ahora le ha tocado el turno a los trabajadores de la iniciativa privada.