El comunista Bustinduy contrata seguros médicos privados para su Ministerio de Derechos Sociales

El Ministerio de Derechos Sociales busca una empresa privada para prestar servicios médicos a sus más de 530 funcionarios. Concretamente, el organismo encabezado por el comunista Pablo Bustinduy destina 130.000 euros para la realización -por parte de entidades sanitarias privadas- de los reconocimientos médicos de su plantilla, además de pruebas ginecológicas y urológicas. Una contratación que deja en evidencia al ministro de Sumar que, pese a ser un gran defensor de la sanidad pública, deja en manos de empresas privadas todas estas pruebas médicas.

Según el contrato licitado, la empresa elegida para prestar estas actividades sanitarias a los 535 empleados públicos del Ministerio de Derechos Sociales, deberá disponer de personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada para el desempeño de la actividad a contratar. Igualmente, deberá contar con varios centros, propios o concertados, en el municipio de Madrid, con un equipo técnico y los materiales necesarios para el desarrollo de la prestación.

Entre las labores a realizar se incluyen los reconocimientos médicos de los trabajadores ya en plantilla, como las nuevas incorporaciones, además de la evaluación de los empleados que informen de una discapacidad -reconocida o no- y de las empleadas que informen de su estado de embarazo o situación de lactancia a fin de valorar una situación de posible riesgo por embarazo o lactancia. Asimismo, estará en disposición de realizar reconocimientos ginecológicos y urológicos a todos los trabajadores.

«En el plazo máximo de un mes, la empresa adjudicataria deberá cumplimentar un fichero en formato electrónico que le facilitará la Subdirección General de Recursos Humanos y de Inspección de Servicios del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que figurarán entre otros los siguientes datos: la relación de empleadas y empleados públicos que se han realizado reconocimiento médico, tipo de reconocimiento y protocolos aplicados, fecha, sexo, edad, si es o no apto para el puesto de trabajo o requiere alguna adaptación del mismo», reza el pliego del contrato. El Ministerio de Derechos Sociales ha presupuestado un gasto de 130.000 euros para la realización de todas estas revisiones médicas durante un periodo máximo de un año.

A pesar de que para las revisiones de sus trabajadores Bustinduy ha elegido al sector privado, en sus declaraciones se reivindica como un defensor de lo público. El pasado mes de julio, el ministro del partido de Yolanda Díaz defendía el «verdadero sentido de la Agenda 203o» reivindicando el sistema sanitario público. «Lo que dice en realidad es que tenemos derecho a respirar aire limpio, a que se conserve la biodiversidad, a erradicar el hambre y la pobreza, a tener un sistema de salud y educación pública y universal […] Es un programa que busca hacer efectivos los derechos humanos», explicaba Bustinduy.

IVA a los seguros privados

El propio Bustinduy se fotografiaba hace unos días junto con el resto de ministros de Sumar en la presentación de las propuestas de la formación de Yolanda Díaz para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Vamos a dignificar la sanidad pública y la ocasión es ahora», avanzaba la vicepresidenta segunda del Gobierno antes de poner sobre la mesa las reivindicaciones que Sumar trasladará al PSOE.

La mayoría de ellas ya conocidas, como el refuerzo de la Atención Primaria, la incorporación en la cartera de servicios del SNS de lentillas, gafas y dentista, y la también conocida la tributación del IVA por los seguros privados de salud. Algo que «es de justicia» para Mónica García, pero que el Gobierno, a través de su también vicepresidenta y ministra de Hacienda descartó hace ya más de un año, cuando el tema fue puesto encima de la mesa por la Yolanda García.