Los Comunes también ponen precio a la investidura de Illa: exigen que Colau sea consejera de Vivienda
Illa recela de incorporar a ningún consejero de los Comuns en su Govern, pese a que necesita sus seis votos
Los Comuns quieren que Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, sea la próxima consejera de Vivienda de un eventual Govern presidido por Salvador Illa. Los negociadores comunistas ya han trasladado que ésta es una de sus exigencias, junto a media decena más en materia de vivienda, educación o sanidad, para apoyar la investidura del líder del PSC.
Se trata de una petición que genera un profundo nerviosismo en las filas socialistas. En primer lugar porque Illa no tiene intención de incorporar a ningún consejero de los Comuns -que obtuvieron únicamente seis escaños, dos menos que hace tres años y medio- en su gabinete. Pero mucho menos a una Colau con la que la experiencia de gobernar juntos en Barcelona, en dos mandatos, «no ha sido especialmente positiva».
Además de la presencia o no de los Comuns en el Gobierno autonómico, de tener que dar entrada a los de Jéssica Albiach los socialistas recelan en que sea al frente de la Consejería de Vivienda. Pues Sumar también intentó hacerse con estas competencias en el reparto del último Gobierno de coalición y el PSOE rechazó entregárselas. De hecho, Pedro Sánchez creó un ministerio propiamente de Vivienda pero en manos de una ministra socialista.
La marca de Yolanda Díaz en Cataluña, son ambiciosos de cara a un eventual acuerdo de gobierno con el PSC y ERC. «Este Govern tiene que ser un antes y un después», aseguran fuentes de los Comuns, que avisan que «vamos a ser también exigentes en torno a este acuerdo». «Si dentro cuesta, fuera aún más», explican en la formación liderada por Albiach, que proponen hacer «política útil formando parte de un Govern progresista».
Albiach ha delegado la negociación con el PSC en la ex alcaldesa de Castelldefels, Candela López, en el histórico alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y en David Cid, ex dirigente de Iniciativa y pareja de la mano de derecha de Colau en el ayuntamiento, Janet Sanz. Pese al retroceso electoral, sus seis diputados son imprescindibles para que Illa sea el próximo presidente catalán.
En los Comuns consideran que su entrada en el Gobierno autonómico catalán es «una oportunidad para todos y para situar al frente algunos de los retos que llevamos tantos años olvidando en Cataluña, tras el tiempo perdido que hemos pasados los catalanes».
Después de perder dos representantes en el Parlament, bajando de los ocho a los seis diputados, los Comuns señalan que en los próximos cuatro años es «importante lograr compromisos en materia de vivienda, en cambio climático y mejora de servicios públicos».
Respecto al acceso a la vivienda, una de las exigencias que los de Colau pondrán sobre la mesa a Illa, es la regulación de los alquileres de temporada y la construcción de 250.000 viviendas públicas en 10 años. Fuentes de los Comuns creen que antes de las investidura ellos y el PSC deben ser capaces de «negociar qué porcentaje poner en marcha en cada legislatura».
En materia de sanidad, reclamarán también acabar con las externalizaciones y conseguir que las visitas al médico de cabecera se produzcan en un plazo máximo de 48 horas. En materia educativa, el partido comunista exigirá en el acuerdo de gobernabilidad «acabar con la doble red de pública y concertada» y recuperar la sexta hora en la educación pública, así como la gratuidad de las actividades extraescolares y el comedor escolar.
Otra de las cuestiones que los Comuns quieren reflejar en el documento de un eventual acuerdo es el de «descartar los macroproyectos». De hecho quieren que la autorización de este tipo de instalaciones, así como la de nuevos proyectos turísticos que pueda conceder el Govern de Illa, dependan directamente de la consejería de Colau.
La formación de Jéssica Albiach también reclamará a sus futuros socios consolidar los trenes Tram en Barcelona y romper relaciones con Israel, algo que ve como una cuestión básica y que asegura que ya se ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ERC y PSC votaron a favor.
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