La Complutense legitimará la «resignificación» del Valle de los Caídos en un curso con cargos de Moncloa

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/05/2021 06:52
  • Actualizado: 17/05/2021 06:52

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá del 21 al 23 de julio el curso ‘Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada’, dentro de su programación de verano.

Entre sus objetivos no se oculta la visión favorable al Gobierno y sus políticas de Memoria. Así, se planteará «la propuesta de transformación del monumento del Valle de los Caídos» y se explicará «la filosofía de la nueva Ley de Memoria Democrática». También se pretenden «establecer procesos de reconciliación de la sociedad en torno a los valores y principios democráticos» y «analizar la problemática de los lugares de memoria con una doble significación (espacios de perpetración/memoria traumática)».

En estas jornadas participarán cargos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo, como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, o el médico forente Francisco Etxeberria, asesor estrella del Gobierno para las exhumaciones.

Cementerio civil

El Gobierno tiene previsto dar cauce en los próximos meses a su denominada Ley de Memoria Democrática, que incluye entre sus medidas las «resignificación» del Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil.

«Se enfatiza su resignificación como lugar de memoria democrática con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes», se recoge en el anteproyecto.

El Gobierno considera que «el Valle de los Caídos es un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».

Además, señala que «en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la dictadura» y que «las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil».

De esta forma, el Ejecutivo avisa que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra» por lo que «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto».

Recientemente, el Gobierno aprobó una subvención de 650.000 euros para exhumar e identificar a los miles de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que yacen en este enclave.

Como informó OKDIARIO, sólo un 0,18% de las familias de los enterrados en el Valle de los Caídos -unas 33.000 personas- ha solicitado la exhumación de sus restos. El Gobierno sólo cuenta actualmente con 60 expedientes para recuperar sus restos a petición de las familias.

Nueva Ley

La tramitación de la Ley supondrá, como informó OKDIARIO, un nuevo enfrentamiento con Podemos, ya que este partido pide, entre otros, que el período de aplicación se extienda más allá de la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, hasta 1983. Podemos denuncia que hasta entonces existió «violencia institucional» por parte del Estado.

El nuevo texto pretende actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su aprobación está prevista en el primer semestre de este año.

Entre los puntos más destacados se incluye un régimen sancionador que castiga con multas de hasta 150.000 euros  los «actos de exaltación de la Guerra o de la dictadura que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos» o «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes sean contrarias a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra o de la dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».