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La Comisión de Garantías del PSOE: qué es, quién la convoca y otras incógnitas al respecto

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE es la encargada de que las actuaciones de los órganos de dirección del partido se ajusten a los estatutos. 

Según se explica en su reglamento ejerce su tarea con «autonomía y bajo los principios de respeto al partido, a sus estatutos y reglamentos» y su independencia «la garantiza el Comité Federal». Entre sus funciones, están la de interpretar los estatutos y emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del partido. Contra sus decisiones no cabe recurso.

Entre estas atribuciones está también informar al Comité Federal de los litigios surgidos entre los órganos del partido entre sí y con los militantes.

En su reglamento se indica que podrá actuar de oficio o a petición de una instancia del partido. Así, cualquier militante y colectivo que «invoque un interés legítimo» podrá dirigirse a ella «sin restricción alguna». La convocatoria de la comisión, que delibera de forma secreta, tiene que hacerse con al menos tres de días de antelación, si bien puede hacerse antes si existen «razones justificadas que requieran una reunión urgente. 

Desde el sector crítico han pedido que se reúna la comisión para que decida sobre la constitución de una gestora tras la dimisión de 17 miembros de la dirección.

No obstante, la presidenta de la Comisión Isabel Celáa ha advertido de que la única legitimada para convocarla es ella, y, por tanto, desde Ferraz se ha negado a los críticos esta capacidad.

La comisión está integrada por cinco personas, que fueron designadas en el último congreso federal celebrado en julio de 2014, cuando Sánchez tomó las riendas del PSOE. La presidenta es Isabel Celáa, exconsejera vasca y exparlamentaria autonómica del PSE, afin a Pedro Sánchez. 

La comisión cuenta con tres vocalías, ocupadas por personas del entorno del sector crítico. María Jesús Montero, la actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Inés Ayala, europarlamentaria desde 2004 y perteneciente a la federación de Aragón y Wilfredo Jurado, abogado del exsecretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez, uno de los principales detractores de Sánchez. Completa el grupo, como secretario, Félix Bolaños, a quien se sitúa en el entorno de los partidarios del secretario general. Bolaños es letrado del Banco de España y miembro del Comité Regional del PSOE madrileño, quien fue de número 25 en la lista por Madrid al Congreso en las elecciones del pasado 20 de diciembre.

El caos en el que el PSOE permanece sumido tras la dimisión en bloque de 17 miembros de la Ejecutiva pone a este órgano en el centro de todas las miradas.

Los ‘pedristas’ se aferran al artículo 68 de la Normativa Reguladora de la Estructura General del PSOE, según el cual «el único órgano competente para disolver cualquier órgano del PSOE es exclusivamente la Comisión Ejecutiva Federal».  Argumentan que los Estatutos solo prevén que, en caso de la dimisión de la mitad más uno de la Ejecutiva, sea el Comité Federal el que convoque un  Congreso Extraordinario para elegir una nueva Ejecutiva.

Los críticos, sin embargo, apelan a los estatutos y precedentes para determinar que, en una situación como la actual, el poder del partido debe recaer en manos de una gestora, y, antes, en Verónica Pérez, la presidenta del Comité Federal. La gestora en cuestión estaría después presidida, previsiblemente, por Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, que tomaría el mando del partido hasta el congreso.

El sector crítico anunció este miércoles una reunión urgente de la Comisión de Garantías. Sin embargo, la presidenta Isabel Celáa ha recordado que la convocatoria sólo puede establecerla el Secretario de la Comisión, a instancia de la propia presidenta. Esta misma idea es sostenida por la dirección socialista.

Por todo ello, la convocatoria unilateral, en exceso de competencias e incumpliendo la normativa que rige el trabajo de la Comisión Federal de Ética y Garantías, debe ser considerada nula a todos los efectos», destaca Ferraz en una nota.