Ciudadanos rechaza que un auditor externo busque al autor del ‘pucherazo’ en sus primarias

Ciudadanos se niega a que una empresa auditora externa descubra irregularidades en sus primarias. Así consta en el informe de evaluación previo a la querella que ha sido encargada por un centenar de cargos y militantes de Cs a un bufete madrileño a raíz del presunto ‘pucherazo’ en Castilla y León.

Según consta en dicho informe, al que ha accedido OKDIARIO, candidatos de estas primarias solicitaron a la Comisión de Valores y Garantías del partido de Ciudadanos «una auditoría externa» que permita tener un «desglose pormenorizado de los votos de las primarias detallado minuto a minuto, así como las direcciones IPs con el fin de localizar los ordenadores desde donde se efectuaron extrañas concentraciones de votos desde las mismas direcciones IPs».

Sin embargo, prosigue el documento, la Comisión de Garantías ha respondido «con evasivas y acreditaciones parciales de poco interés para lo pretendido por las personas que nos encargan este informe, lo que nos puede llevar a confirmar que efectivamente no se han adoptado todos los mecanismos viables internamente dentro de un partido que se presume leal y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones, perturbando el real recuento de las votaciones, presumiendo estar alterada la fiabilidad con la que se han emitido los mismos».

Además, el informe apunta a la comisión de cuatro presuntos delitos e incluso plantea la posibilidad de que la formación naranja se condenada a su disolución.  Respecto a los cuatros delitos, el citado informe señala los relativos a falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos y delito de daños informáticos.

La Comisión de Garantías de Ciudadanos ha respondido «con evasivas y acreditaciones parciales de poco interés», denuncian los críticos

Por ejemplo, en el caso del delito de falsedad documental, tratándose de documentos privados (dado que Ciudadanos no es una entidad pública del Estado), el artículo 395 del Código Penal señala que será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Así mismo, en cuanto al delito de daños informáticos, el artículo 264 dice que el ‘hacker’ será  castigado con «una pena de prisión de seis meses a dos años».

Junto a ello, el informe de valoración advierte a estos militantes de que, «conforme a la reforma del Código Penal operada en 2015, y en base a los artículos 31 bis y 33 de dicho texto legal, el inicio de las acciones antedichas podría suponer que un partido político, como persona jurídica con capacidad de responsabilidad penal, podrá ser condenado a su disolución».

De momento, según fuentes de la Plataforma de Afectados por las Primarias de Ciudadanos, el colectivo ha trasladado al partido este miércoles el informe de valoración elaborado por el despacho Legal Orbis Abogados y firmado por la letrada Mónica Balibrea. Si en los próximos días la formación naranja, fundamentalmente a través de su Comisión de Garantías y Valores, no emite ningún pronunciamiento al respecto, estos críticos acudirán a los tribunales. El plazo límite es el lunes 1 de abril.

82 votos nulos

Estos afectados no se conforman con que la Comisión de Garantías y Valores haya dado por concluida la investigación sin apreciar irregularidades porque, entre otras cosas, no ha aclarado de dónde salieron los 82 votos anulados en Castilla y León que quitaron finalmente la victoria a la candidata de la dirección, la ex consejera popular Silvia Clemente, para dársela al ex diputado Francisco Igea.

En su resolución de la pasada semana, la Comisión de Garantía se limitó a señalar sobre lo ocurrido en las primarias a la Presidencia de Castilla y León que “después de la redacción de acta y mediante el asesoramiento técnico pertinente, y con las verificaciones realizadas con posterioridad al vuelco de todo el proceso”, este órgano “ha adoptado la determinación, y reflejado en esta acta, que en el referido proceso de primarias se ha cumplido con todas las garantías exigidas y sin que hubiere existido ningún tipo de incidencia valorable”.

Estos críticos, que también quieren aclaraciones sobre las dudas planteadas sobre el recuento de votos en otros territorios, como Cantabria, Murcia o Madrid, han mostrado además su indignación por el hecho de que Garantías, como también apuntó en el carpetazo de la pasada semana, haya remitido a la Comisión de Régimen Disciplinado la posible apertura de expedientes a estos denunciar por haber filtrado supuestamente datos a los medios de comunicación y, a su juicio, haber dañado así la imagen del partido.

«Pilotada»

Por otro lado, la Fiscalía de Valladolid ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el presunto ‘pucherazo’ tras la presentación el pasado viernes de una denuncia por parte de una persona anónima. Fuentes de la Plataforma de Afectados sospechan que esta denuncia esté «pilotada» por la propia dirección de Albert Rivera para contener daños y, sobre todo, dilatar el proceso. La Fiscalía de Valladolid, que dirige Soledad Martín Nájera, tiene ahora seis meses para investigar lo ocurrido y decidir si traslada el caso al juez. El propio Igea ha avanzado que prestará testimonio este jueves ante el Ministerio Público de forma voluntaria.