Cinco ex cargos del PP valenciano serán juzgados por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto este viernes juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra, y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

De la Mata envía así a juicio en un mismo auto tres piezas de la trama Gürtel en Valencia (1,2 y 6) de las 5 que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento.

Entre los 20 acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso «El Bigotes», y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

Según explica De la Mata, la investigación de todos estos años permite concluir la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente en dinero «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)».

El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», servicios que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».

Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran «objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria».

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes».

«Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market», que supuestamente facilitó facturas falsas.

Entre los acusados, también figuran los empresarios Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Francisco Ortiz Selfa (imputado junto con la exalcaldesa de Alicante en el caso Brugal), José Francisco Beviá García y Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino).

Se considera acreditado que la constructora Piaf, por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons, entregó al PP 31.312 euros por estos servicios; Facsa (propiedad de Enrique Gimeno) 405.668 euros; Grupo Vallalba (Rafael y Tomás Martínez Berna) 199.520 euros; Lubasa (Gabriel Alberto Batalla) 110.200 euros; Enrique Ortiz abonó 348.115 euros; Sedesa (Vicente Cotino) 150.684 euros.