Cinco comunidades autónomas se niegan a regalar el aprobado general que ha acordado el Gobierno

Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Región de Murcia se descuelgan de la decisión de Ministerio con algunas comunidades autónomas de cerrar este curso escolar con un aprobado general y se niegan a regalarlo. Mientras, el sindicato CSIF critica a la ministra Celaá por la «confusión generada» con una decisión que «es ilegal» en España.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha admitido que las  cinco comunidades autónomas «han expresado discrepancias» en la aplicación del acuerdo sobre la evaluación del curso escolar anunciado este pasado miércoles tras la Conferencia Sectorial de Educación, y que contaba, según dijo la ministra Isabel Celaá, con un «respaldo importantísimo», incluso «completo» de todas las regiones.

Este jueves, el Ministerio ha precisado que, a pesar de que «todas las comunidades autónomas aprecian y comparten que su filosofía es la adecuada para un momento excepcional como el que estamos padeciendo», los gobiernos autonómicos de Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, País Casco y Región de Murcia se descuelgan de la aplicación de este acuerdo de «carácter vinculante».

En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, del Partido Popular, se extendía este jueves en las críticas al Ministerio, al que acusa de «dejación» y de tenerle «grima» al «esfuerzo», mostrando su rechazo a que la evaluación del tercer trimestre del curso escolar sea solo «diagnóstica».

Ossorio ha asegurado que el tercer trimestre tendrá «valor académico» en Madrid y sus alumnos serán evaluados por las tareas que realizan en sus casas durante el confinamiento. «Si no, estamos echando por tierra el enorme esfuerzo que han hecho los alumnos y los profesores durante estas difíciles semanas que han tenido que reinventarse para seguir con la educación a distancia», ha argumentado.

En el País Vasco, su consejera de Educación, Cristina Uriarte, dijo este miércoles tras participar en la Conferencia Sectorial que el documento propuesto por el Ministerio era «positivo», aunque se desmarcaba alegando la autonomía del Gobierno vasco. «Tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo», sentenció.

Por parte de la Región de Murcia, que en los últimos meses ha mantenido desencuentros con Celaá por la implantación del ‘pin parental’, la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha anunciado que tampoco ratificará el preacuerdo de la Conferencia Sectorial porque ni siquiera lo ha visto por escrito. «Hemos recibido un borrador que está vacío», ha asegurado la consejera del Partido Popular.

Desmarques

Este miércoles, en una reunión telemática presidida por Celaá, las comunidades habían consensuado, según informó el propio Ministerio, mantener el curso escolar hasta junio, ofrecer clases de refuerzo en los colegios durante verano, que la promoción de curso sea normal general y dedicar el tercer trimestre al repaso de contenidos, entre otras medidas, como enumeró Celaá en una rueda de prensa posterior en el Palacio de la Moncloa.

La ministra apuntó durante la comparecencia, sin embargo, que las comunidades tenían hasta este jueves para confirmar su adhesión al acuerdo. Las cinco autonomías citadas se han desmarcado del pacto «que se opone por una cuestión de competencias», señala el Ministerio de Educación.

«El resto de comunidades se adhieren a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial tiene carácter vinculante. Es decir, las comunidades que se adhieren aplicarán los criterios establecidos en el acuerdo», explican desde el Ministerio, que no descarta que las regiones díscolas cambien de opinión. «Las comunidades autónomas que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran», añaden en un comunicado.

Además de estas cinco comunidades, Cataluña todavía no ha transmitido al Ministerio su conformidad con el acuerdo, aunque la consejería de Educación de la Generalitat manifestó este miércoles que sus criterios coincidían con los planteados por el Gobierno en la Conferencia Sectorial para el fin del curso escolar.

Las autonomías piden criterios comunes

Desde las comunidades del Partido Popular y Ciudadanos critican que la propuesta del Gobierno (a la que se incorporaron aportaciones de las autonomías) no fija criterios comunes de promoción, titulación y permanencia, dejando la decisión en manos de los gobiernos autonómicos.

«En tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa esas condiciones, esta comunidad autónoma no puede prestar su conformidad al mismo», ha asegurado este jueves la consejería de Educación y Deporte de Andalucía, dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos, aunque admite conformidad «con el enfoque y estructura del texto del acuerdo de forma general».

Por su parte, el sindicato CSIF critica a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, por la «confusión generada» sobre el «aprobado general», ya que advierte de que esta fórmula no tiene cabida en la legislación española y, por tanto, es «ilegal», al tiempo que le reprocha su «ambigüedad» con respecto a esta cuestión.