El CGPJ investiga a la podemita Victoria Rosell por intervenir en una causa en la que había sido recusada

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este lunes incoar un expediente disciplinario a la magistrada y ex diputada de Podemos Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de un procedimiento judicial cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación tratará de aclarar si la juez incurrió en desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013 por el investigado, Eduardo López Mendoza, quien fuera abogado durante años del empresario grancanario José Miguel Suárez Gil.

El expediente disciplinario tiene su origen en un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado en el que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

La Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico penal suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria. Este traslado se produjo el pasado 8 de abril.

Esta investigación es diferente a la que afectó a Rosell a resultas de una querella que interpuso contra ella el ex ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria por retardo malicioso por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros. Esta querella sigue siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y mantiene paralizado el expediente disciplinario.