La juez cursa la orden de detención internacional contra Puigdemont y los 4 exconsejeros fugados

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha cursado ya la orden de detención internacional contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y los exconsejeros de Enseñanza, Clara Ponsatí; Salud, Antoni Comín; Agricultura, Meritxell Serret; y Cultura, Lluís Puig, por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad.

En la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, sólo constaban los 3 primeros delitos, a los que la juez ha sumado dos más en esta resolución. La magistrada ha dictado dos autos por cada uno de los investigados. El primero da curso a la OEDE y se dirige a Belgica, país donde al parecer se encuentran los 5 investigados. Tal y como prevé la ley, la OEDE se envía a las autoridades judiciales belgas, que en este caso concreto se trata de la Fiscalía Federal Belga. Dicha Orden Europea de Detención se ha insertado también en el programa Sirene de la Policía.

En el segundo auto, la juez tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol. Lamela además rechaza la petición formulada  por Puigdemont y otros exconsejeros, de prestar declaración por videoconferencia.

Según explica la magistrada en sus resoluciones, «no concurren ninguno de los casos para  autorizar esta medida». En los dos autos, Lamela detalla todos los hechos que han motivado la persecución penal de quienes integraban el Gobierno de Cataluña. 

«El reclamado al frente del Gobierno regional de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional».

«A pesar de ello», añade, «el reclamado, al frente del Govern de la Generalitat de Cataluña, continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un futuro Estado catalán independiente en forma de república valiéndose para del poder que otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados, no de votos, en el Parlamento de la Comunidad Autónoma integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP».

La juez Lamela ha estudiado minucionamente «la tipificación del delito de rebelión en Bélgica» para cursar la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE, contra el expresidente catalán. Dicho delito y el de sedición no están recogidas en la lista de delitos de la OEDE, sí el de malversación.

Por su parte, la Fiscalía de Bélgica ha hecho saber que acatará la orden con la mayor diligencia y premura posible. Será emitida a través de la Policía española y se pondrá en circulación vía Europol. Dadas las circunstancias, los buscados pueden retrasar su vista ante la Justicia española, pero no evitarla.

Algunos expertos aseguran que la vuelta como detenidos a España de Puigdemont y de los otros 4 exconsejeros fugados podría dilatarse entre 2 o 3 meses.

Los exconsejeros encarcelados

Mientras tanto, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretaba el jueves prisión preventiva por rebelión, sedición y malversación para Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa.

Además, enviaba a la cárcel eludible bajo fianza de 50.000 euros a Santi Vila que el exconsejero de Empresa catalán abonaba este viernes.

Por otro lado, el Tribunal Supremo tomará declaración el 9 de noviembre a la cesada presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell y al resto de miembros de la Mesa por los mismos delitos.