La capacidad de convocatoria de ETA: sólo 300 personas marchan por la reagrupación de sus presos

Mucho ruido y pocas nueces. Después de invertir tiempo y dinero en publicitar durante la última semana cada día la convocatoria de las organizaciones de familiares de presos terroristas, ni siquiera la adhesión de Sortu a la manifestación ha logrado que se reúnan más de 300 personas en las calles de Vitoria para exigir el fin de la política de dispersión de reclusos.

Esa política, vigente desde 1989, ha sido una de las patas más efectivas de la lucha contra ETA. Gracias a la dispersión, las autoridades penitenciarias han podido evitar el férreo control que los cabecillas de ETA ejercían sobre la masa de asesinos y secuestradores que pueblan las cárceles españolas. Esto ha facilitado que, poco a poco, y ante la negativa del Gobierno a incluir esta política dentro de las negociaciones con partidos políticos, algunos de los etarras hayan ido acogiéndose a medidas de reinserción contempladas en las leyes, reconociendo sus delitos, abjurando de su militancia en sus comandos asesinos y facilitando las investigaciones de delitos aún sin resolver.

En todo caso, tanto la dirección de la banda terrorista ETA como sus herederos políticos –ahora incluso, el terrorista Otegi pretende seguir liderando a la izquierda abertzale y ser su candidato a la Presidencia del Gobierno vasco a pesar de la inhabilitación para cargo público que todavía pesa sobre él– ha insistido en tratar de retomar el control de las calles del que dispusieron durante los años 80 y 90. Pero el tiro –nunca mejor dicho– les ha salido por la culata.

No más de 300 personas han secundado este viernes en Vitoria la manifestación con la que familiares de etarras y algunos ex presos de ETA han llamado a denunciar la política de dispersión de los reclusos de la organización terrorista.

La manifestación se ha llevado a cabo, además y para más escarnio, en el día grande las fiestas de La Virgen Blanca de la capital vasca. Y todo pese a que la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) había solicitado su prohibición por considerar que podría constituir un «delito de enaltecimiento del terrorismo».

Con esta marcha, los convocantes han querido subrayar que lo que ellos todavía llaman «presos políticos vascos» han dado «pasos para facilitar la normalización y están dispuestos a seguir haciéndolo» –sin especificar cuáles, por supuesto–, y han abogado por su acercamiento a cárceles cercanas a sus localidades de origen.