España

Belarra y Garzón gastan 85.187 € en servicios de sanidad privada para su personal mientras atacan a Ayuso

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha adjudicado recientemente un contrato de 71.297 euros para un servicio en la sanidad privada que se encargará de «la vigilancia de la salud» del personal de los servicios centrales de su Ministerio. Ello, a pesar de que en la sede del departamento existe un gabinete médico público. Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, busca también un «servicio especializado» para realizar «reconocimientos preventivos» a sus empleados. El valor estimado del contrato asciende a 13.890, según ha podido constatar OKDIARIO a través del Portal de Contrataciones del Estado. La suma de ambos da 85.187 euros. Se da la circunstancia de que ambos dirigentes han impulsado estos días la protesta política contra Isabel Díaz Ayuso utilizando la Sanidad pública como arma electoral.

«Hoy en Madrid la ciudadanía ha salido a la calle a defender la Sanidad Pública. Los gobiernos de las derechas optan por la precariedad y la falta de recursos como vía para la privatización. Hay que pararlos», escribió Garzón en sus redes sociales el pasado domingo, día de la manifestación azotada por la izquierda contra la presidenta madrileña. Belarra acudió a la protesta «para defender lo público», junto a Pablo Iglesias.

No es la primera vez que el ministerio de Ione Belarra recurre a un servicio de este tipo en la sanidad privada. Como reveló OKDIARIO, en septiembre pasado ya gastó 3.000 euros en una empresa para cuidar la salud de 375 empleados hasta final de año. Pagó 50 euros por revisión médica y 30 por análisis de sangre y de orina. El Ministerio se justificó en la necesidad de vigilar el estado de salud de los trabajadores, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Contrato de «vigilancia de salud» para el Ministerio de Derechos Sociales.

Ahora, Belarra ha recurrido de nuevo a un «servicio de prevención ajeno» para que los trabajadores de su departamento puedan realizar reconocimientos médicos, ecografías abdomino-pélvicas, analíticas de heces, reconocimientos ginecológicos, mamografías y reconocimientos urológicos. El Ministerio justifica esta contratación porque «la Subdirección General de Recursos Humanos y de Inspección de Servicios no dispone de los medios humanos ni materiales adecuados ni suficientes para la realización» del servicio.

Gasto del ministerio de Garzón

En el caso de Alberto Garzón, su ministerio estima que el reconocimiento médico general lo realicen 115 empleados públicos, mientras que el reconocimiento urológico- ginecológico, 74. El departamento argumenta que «una prestación de servicio de vigilancia de la salud individual de los empleados y empleadas, desde el punto de vista técnico, implicaría unas tareas consistentes en la realización de exámenes de salud y analíticas que requieren contar con unos perfiles de trabajo profesional y altamente especializado en el ámbito sanitario y más específicamente en materia de Medicina del Trabajo, según la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales».

Contrato del Ministerio de Consumo.

El contrato se divide en dos lotes: por un lado, un reconocimiento médico general y, por otra parte, la posibilidad de realizar un reconocimiento médico ginecológico o reconocimiento urológico. Las mujeres mayores de 50 años podrán someterse además a un examen para comprobar su densidad ósea. Los servicios están exentos de IVA.

Pese a ello, desde Podemos no han dudado en atacar a Díaz Ayuso, clamando por la sanidad pública. Belarra agitó la manifestación contra la presidenta madrileña afirmando incluso que «lo que está en juego son las vidas de la gente». La dirigente podemita ha dado recientemente a luz a su segundo hijo en un hospital de la región, perteneciente al sistema público de salud de la Comunidad de Madrid que tanto critica.