Baltasar Garzón niega haber cobrado dinero «directamente de Venezuela» a través de su despacho Ilocad
El contrato entre PDVSA y Baltasar Garzón incluía 1,9 millones para «coordinar la labor de jueces y fiscales”
‘El Pollo’ Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón
El sorprendente caso de un ex juez multimillonario
El ex juez Baltasar Garzón ha desmentido que su despacho de abogados Ilocad S.L. recibiera dinero directamente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según Garzón, su firma fue contratada por el despacho americano Squire Patton Boggs, LLP, «que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven» y que decidió contratar a su vez los servicios de Ilocad dado el prestigio internacional de la firma de abogados de Garzón.
En un comunicado difundido por el despacho Ilocad, dirigido por Baltasar Garzón, se apunta a que el encargo de Squire Patton Boggs, LLP –»no de PDVSA»- incluía diferentes actividades: «La realización de un informe sobre la viabilidad de la interposición de acciones legales en España contra varios empresarios, así como ex funcionarios de PDVSA y de su filial Bariven, S.A.; la realización y presentación de una querella contra dichas personas por delitos de organización criminal y blanqueo y la defensa técnica de los intereses de la mercantil PDVSA y su filial Bariven, S.A. en el marco del procedimiento judicial incoado, incluyendo la instrucción del procedimiento y la fase de juicio».
En la misma nota de prensa, Ilocad asegura que el documento del contrato entre PDVSA e Ilocad entregado por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, ex jefe de la Inteligencia Militar de Maduro, a la Audiencia Nacional «es falso», ya que «Ilocad no sólo es ajeno al mismo, no sólo desconocía su existencia, y con ello, su contenido; sino que los encargos y minuta fijados en dicho documento jamás se han negociado, perfeccionado ni ejecutado con este despacho, siendo falso que Ilocad haya propuesto, facturado o cobrado la cantidad de 8,8 millones de euros».
En referencia a uno de los puntos más controvertidos que aparece en el documento, en el que se asegura que Ilocad cobraría 1,9 millones para «la coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas», el despacho de Garzón niega la mayor: «Es absolutamente equivocado afirmar que Ilocad contrató un encargo profesional para coordinarse con la Fiscalía y la judicatura para agilizar los trámites y avances del procedimiento judicial» y añade que el despacho «jamás ha negociado ni contratado un cometido de esta naturaleza».
El despacho de abogados de Baltasar Garzón insiste en que fue Squire Patton Boggs LLP la firma a la que Ilocad «cargó los honorarios devengados por un importe muy inferior a la cantidad falsamente asignada y por un trabajo que se viene efectuando durante cinco años».
Para finalizar, Ilocad asegura que emprenderá acciones judiciales para llegar «al fondo de la cuestión» y «proteger la dignidad y la honorabilidad» de la firma dirigida por Baltasar Garzón y los profesionales afectados «por una información manipulada».
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