Ayuso usará los 555 millones que recaude de grandes patrimonios para bajar impuestos

Hacer de la necesidad virtud. Esa es la máxima que parece que ha seguido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una vez que ha visto frustradas sus aspiraciones de que el Tribunal Constitucional tumbara el impuesto a las grandes fortunas aprobado por Pedro Sánchez. Así, el Ejecutivo de Ayuso ha decidido no sólo que sea la administración madrileña la que recaude este tributo, y no la estatal, sino que dedicará los 555 millones de euros anuales que va a embolsarse como colchón para seguir bajando los impuestos a todos los madrileños.

De esta forma, el grupo parlamentario popular ha presentado ya una proposición en la Asamblea de Madrid para modificar de forma urgente y temporal la bonificación del 100% existente actualmente en el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad. Así, las personas que hubieran tenido que ser gravadas con el impuesto estatal, llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, es decir, aquellos con un patrimonio valorado en más de 3,5 millones de euros, dejen de tener bonificado el impuesto autonómico y, por tanto, paguen ese tributo en lugar del de Sánchez, puesto que ambos son incompatibles.

Este impuesto recaudó 623 millones de euros en 2023, con 555 millones de euros procedentes de contribuyentes con su residencia fiscal en Madrid. La recaudación procedió de 12.010 grandes patrimonios, que suponen el 0,1% de los contribuyentes en España y que han abonado una cuota de 52.000 euros por cabeza. Es decir, el impuesto fue abonado por aquellos ciudadanos con patrimonios netos superiores a los 3,5 millones de euros, y que se enfrentarán a su declaración en 2023 y 2024.

La eliminación de la bonificación, según han precisado desde el Ejecutivo de Ayuso, se hará únicamente para aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los 3,5 millones de euros. En cambio, la exención continuará vigente para el resto de contribuyentes. Además, este impuesto tendrá un carácter temporal ligado a la existencia del impuesto de las grandes fortunas previsto, de momento, sólo para los años 2023 y 2024.

¿Qué es el Impuesto sobre el Patrimonio?

Cabe recordar que el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo directo cedido a las Comunidades Autónomas que grava con periodicidad anual el patrimonio neto de las personas físicas. Este impuesto fue suprimido a nivel estatal mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre y restablecido con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. Desde 2012 el impuesto ha sido prorrogado sucesivamente en los Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio. La Comunidad de Madrid fue la primera en bonificar este gravamen en un 100%.

En definitiva, dado que el Gobierno de Ayuso no ha podido impedir que los madrileños con un elevado patrimonio tengan que pagar este impuesto «de patrimonio encubierto» de Sánchez, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado su recurso, ha decidido emplear esta fórmula para, al menos, que ese dinero se quede en las arcas madrileñas y así «seguir mejorando los servicios públicos a los ciudadanos y, sobre todo, devolvérselo a los propios ciudadanos con nuevas rebajas de impuestos que han dado tan buenos resultados».

«No vamos a permitir que el dinero de los madrileños, los recursos de los madrileños, los utilice Sánchez para pagar su investidura», defienden desde la Puerta del Sol.