Ayuso prepara el borrador de su nueva Ley del Suelo que flexibilizará la calificación de usos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está preparando el borrador de su nueva Ley del Suelo, con la que flexibilizará la calificación de usos para que el proceso de planeamiento urbanístico sea «más ágil».

El impulso de esta nueva legislación fue una de las promesas con las que Díaz Ayuso se presentó a la reelección en los comicios del pasado mes de mayo con el objetivo de «favorecer la construcción de nuevas viviendas y la atracción de inversión».

Un compromiso que ahora, cuando ya han transcurrido los primeros 100 días de gobierno, comienza a materializarse. Tal y como han apuntado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, la nueva ley se encuentra ahora mismo en la fase de inicio del borrador y la previsión es que su tramitación parlamentaria comience a mediados del año que viene.

De acuerdo con esas mismas fuentes, la nueva ley contemplará la «simplificación de procesos y plazos, así como la flexibilización en la calificación de usos, lo que permitirá dotar de mayor agilidad el proceso de planeamiento».

El Ejecutivo busca «conseguir un urbanismo con mayor autonomía municipal, donde la ordenación detallada sea propia del municipio, debiendo en todo caso encajarse con la ordenación del territorio».

La presidenta madrileña ya dejó claro en su intervención en el Debate de Investidura celebrado el pasado mes de junio que esta sería la «legislatura de la vivienda» y, en este sentido, anunció que facilitará la construcción de 50.000 nuevas viviendas, de las 13.000 estarán promovidas directamente por su Gobierno.

Ley del suelo y precio de la vivienda

Para Ayuso, las claves para «afrontar el incremento de los precios de la vivienda» son «más oferta, menos regulación y más facilidades para quienes quieren construir en Madrid y necesitan una casa».

En los últimos 20 años la actual ley del suelo ha sufrido 18 modificaciones, tal y como recuerdan fuentes del departamento que lidera Carlos Novillo, la última de ellas en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como ley ómnibus. Por ello, la idea de la nueva ley es aglutinar todos estos cambios en nuevo texto actualizado que permita a los ayuntamientos poder tener más margen de actuación en su suelo y que los usos de este no estén tan «pormenorizados».

Por otra parte, aunque también en materia legislativa, el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado la tramitación para la aprobación del proyecto de Ley de Economía Circular, cuyo cometido va a ser la creación de «un nuevo marco normativo que permita avanzar hacia el vertido cero e incentive un modelo que genera nuevas oportunidades para las empresas y municipios de la región».

Una vez aprobada la Ley, la Consejería va a desarrollar la nueva Estrategia de Economía Circular 2025-2032 para «avanzar en la transformación del actual modelo de depósito en vertedero hacia uno de tratamiento de residuos, comenzando por las Mancomunidades del Noroeste y del Sur, donde se apoyará financieramente su modernización y desarrollo». Así, apuntan, se va a dotar con 450 millones de euros a estas dos mancomunidades y a la del Este, en los próximos 20 años.