Ayuso contra la amnistía en el Senado: «Sánchez subasta España a cambio de unos años más de poltrona»
La presidenta madrileña critica que "Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho"
Afirma sobre la ausencia de Page que "sus ciudadanos querrían que estuviese, y una parte de él, también"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente este jueves contra el jefe del Gobierno en funciones en el debate sobre la amnistía celebrado en el Senado: «Sánchez subasta España y las instituciones a cambio de unos años más de poltrona», ha sentenciado.
Así se ha pronunciado Ayuso en la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en la Cámara alta, donde ha comparecido junto a los otros presidentes (y un vicepresidente) de comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP. «Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a la Corona y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, el nombre de España en el mundo, la igualdad de todos ante la ley, nuestra dignidad y la verdad misma», ha subrayado la presidenta madrileña.
Ayuso ha criticado, además, la «ausencia vergonzante del Gobierno de Sánchez» en el hemiciclo, al tiempo que acusado al presidente socialista de estar dispuesto a cometer la «mayor traición que cabe a un país». «Promete una amnistía para tener siete votos pero nadie del Gobierno da la cara», ha declarado la dirigente popular, retratando a Sánchez.
«Ahora sólo les queda limar la redacción de la ley para engañar a los votantes que le quedan. A ver cómo dicen en la exposición de motivos que el único objetivo de esa ley es conseguir los siete votos que necesitan para seguir en el poder», ha dicho Ayuso sobre los socialistas. Ningún de los tres presidentes de comunidades del PSOE ha estado presente en el Senado: Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha); María Chivite (Navarra) y Adrián Barbón (Asturias). Tampoco ha asistido el lehendakari, Íñigo Urkullu (PNV). Sobre García-Page, Ayuso ha señalado que «sus ciudadanos querrían que estuviese, y sospecho que una parte de él, también», ha remachado.
Moreno: «Sería más que un indulto»
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido al PSOE de Sánchez que «conceder una amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución, el pilar fundamental sobre el que se fundamenta nuestra democracia, sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sino pedirles perdón», ha denunciado.
Junto a ello, Juanma Moreno ha asegurado que «Andalucía estará vigilante y utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para evitar agravios y discriminación entre españoles». En este sentido, ha recalcado que «detrás de las cesiones a partidos independentistas a cambio de la Presidencia del Gobierno está la quiebra de la igualdad entre españoles; está la consagración de ciudadanos de primera y de segunda, y la asunción por parte del Gobierno de España de que en nuestro país hay ganadores y perdedores», ha apostillado.
Mazón: «Está claro quién paga la factura»
En su turno, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado que si todo sigue igual «el independentismo tendrá su amnistía y Sánchez su investidura», si bien «no sabemos qué Gobierno tendrá España, ni que España tendrá este Gobierno». «Está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar este pacto», ha apostillado.
«La ley de amnistía abrirá un nuevo tiempo de cesiones y concesiones. Más financiación, condonación de la deuda y el establecimiento de un cupo a la vasca para Cataluña», ha aseverado.
Además, Mazón se ha referido a la gestión de su antecesor en el cargo, el senador socialista Ximo Puig, presente en el hemiciclo, y ha denunciado que bajo el mandato de dicho barón del PSOE se «llegaron a probar leyes que obligaban a estudiar un mínimo del 25 por ciento de valenciano a alumnos en zonas reconocidas como castellanohablantes, de una lengua que no conocían».
Prohens denuncia «trato de favor»
Asimismo, la jefa del Gobierno balear, Marga Prohens, ha denunciado el «trato de favor» por parte del Gobierno de Sánchez al independentismo catalán y se ha preguntado «qué mensaje envía al resto de comunidades que han defendido sus reivindicaciones por los cauces legales» y con «respeto a la Constitución».
De este modo, Prohens ha rechazado rotundamente una eventual amnistía, así como una condonación de deuda o una negociación bilateral sobre financiación, elementos de una «subasta en la que se han convertido los votos para la investidura», ha recalcado en un discurso en catalán y en castellano.
«En el foro en el que hay que hablar de una supuesta condonación de la deuda o del Fondo de Liquidez Autonómico es el de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en Waterloo», ha enfatizado entre aplausos de su compañeros.
Azcón: «Lo decidimos entre todos»
Desde el Gobierno de Aragón, su presidente, Jorge Azcón, ha dicho alto y claro que «la amnistía y el referéndum son ilegales, sin género de dudas, sin debates; no están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico», ha incidido. «Lo que nos afecta a todos, lo decidimos entre todos. Ese es el marco constitucional. Aragón también tiene necesidades», ha manifestado.
López Miras: «Elimina la igualdad»
De otro lado, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha alertado que amnistía a los golpistas «elimina de un plumazo la igualdad entre españoles» y abre «un nuevo tiempo de cesiones a los separatistas». Por ello, ha cuestionado que comunidades como la Región de Murcia «serán las que paguen la fiesta, como siempre». Así, ha rechazado que Sánchez utilice el dinero de los murcianos «para comprar el sillón de la Moncloa».
Mañueco: «Iremos a la vía judicial»
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que su comunidad «no se va a callar» y no se va a quedar quieta, por lo que avanzó que acudirá a la vía judicial contra aquellos «agravios» que deriven de «privilegios» a quienes apoyen la investidura de Pedro Sánche, como puede ser la condonación de deuda o «favoritismos» en el sistema de financiación autonómica.
«Si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica, será un agravio especialmente para las comunidades autonómicas infrafinanciadas, como Castilla y León, y también iremos a la vía judicial para evitarlo» , al igual que si hay una preferencia en las inversiones, aseguró el presidente de la Junta.
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