El auto del Supremo desautoriza a Lamela y a Maza al ser diametralmente opuesto a sus tesis

La decisión del Tribunal Supremo de decretar prisión eludible con fianza tanto para la ex presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell como para los otros cuatro ex diputados separatistas de la Mesa de la Cámara autonómica, supone en la práctica desautorizar tanto a la juez Carmen Lamela como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al ser diametralmente opuesto a sus tesis.

El dictamen del juez Pablo Llarena choca desde la perspectiva jurídica con la decisión adoptada por Lamela el pasado jueves, cuando decretó prisión incondicional para los miembros del ex Govern de Puigdemont que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional. Lamela envió a la cárcel al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a siete ex consellers como responsables del de la declaración unilateral de independencia.

También en este caso, la Fiscalía solicitaba que el juez decrete el ingreso en prisión incondicional para cuatro de los imputados: Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Isabel Simó. El ministerio público sólo dejaba fuera de esta medida al representante de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet, quien ha alegado en su declaración que no es independentista.

En contra del criterio de la Fiscalía, el juez Llarena ha optado sin embargo por imponer fianzas a los cuatro primeros imputados (de 125.000 euros para Forcadell y de 25.000 para el resto). Para ello, el instructor argumenta que no hay riesgo de fuga, ya que han comparecido cada vez que han sido citados a declarar. En cambio, la juez Carmen Lamela consideró que el hecho de que el ex presidente Carles Puigdemont y cuatro de sus consellers hayan huido a Bruselas, agrava el riesgo de que también lo hagan el resto de encausados.

Dicen que sólo gastaron 25.000 euros

El juez del Tribunal Supremo también ha descartado que Forcadell y el resto de miembros de la Mesa vayan a reincidir en su actividad delictiva, ya que todos ellos, en su declaración, han acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y «han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Es decir, todo lo contrario de lo que Carme Forcadell y sus socios decían en público hasta ahora.

La Fiscalía había solicitado al juez que ordenara embargos de los bienes de los cinco miembros de la Mesa imputados por un importe global de 6,2 millones de euros, para garantizar su responsabilidad social sobre el dinero público que según las estimaciones gastó el Govern en la organización del referéndum ilegal.

El juez Pablo Llarena considera que no está probado que el Govern de Puigdemont gastara esta cifra en la consulta de independencia del 1-O. De hecho, Forcadell ha aportado un certificado según el cual sólo se destinaron a este fin 25.000 euros públicos, antes de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el referéndum.

La violencia de los golpistas

El juez del Supremo sí enumera en su auto, por otro lado, las distintas situaciones en las que los voluntarios movilizados por los golpistas ejercieron una situación de fuerza, o de intimidación, contra las fuerzas de seguridad.

Al respecto cita «la ocupación organizada de calles por centenares de tractores; incluyendo el bloqueo del edificio de la Delegación del Gobierno de Cataluña; el asedio de edificios pertenecientes a la Administración del Estado; el aislamiento de agentes o de la comisión judicial que realizó el registro de la Consejería de Economía; el impedimento por numerosos individuos de que se realizara en registro en la entidad Unipost; el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden; los cortes de carreteras y barricadas de fuego; las amenazas a los empresarios que prestaran soporte a los servicios del Estado; o algunas de las murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a las cuerpos policiales, o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo».

Situaciones en las que, según el auto, se produjo «una clara y plural expresión de esta violencia. Como lo son también las barricadas que se levantaron para proteger esos mismos centros de votación; o el apedreamiento de algunos vehículos policiales, o incluso la destrucción total y vandálica de varios automóviles de la dotación policial».