La Audiencia Nacional deja en libertad al jubilado acusado de enviar cartas explosivas a Sánchez

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al jubilado que se encontraba en prisión provisional como presunto autor del envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites Base Aérea de Torrejón.

En el auto, el magistrado le impone como medidas cautelares al investigado, Pompeyo González Pascual, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, así como la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono donde puede ser localizado.

El magistrado acordó su ingreso en prisión incondicional tras su detención al considerar que existía un riesgo de que pudiese huir a Rusia, gracias a la «ayuda de ciudadanos de dicho país» y a tenor de la «transcendencia» de sus acciones como «medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania», si bien en este momento de la investigación ha decidido relajar esta medida.

Sin embargo, en línea con el informe emitido por la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 entiende que procede la libertad sin fianza por cuanto no existe riesgo de destrucción de pruebas por parte del jubilado. Además, ya se han efectuado las diligencias de instrucción pertinentes para la obtención de los indicios de criminalidad sustanciales

Fue el pasado 27 de enero cuando Calama acordó prisión incondicional para este jubilado de Miranda de Ebro, que fue detenido como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones.

En ese auto, explicaba que aunque no había indicios de que el investigado perteneciera ni colaborara con banda o grupo organizado terrorista alguno, las acciones que objetivamente se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidenciaban que en su ánimo estaba presente «el objetivo de alterar gravemente la paz pública».

Investigación

Pompeyo González, el jubilado comunista burgalés que presuntamente envió seis cartas bomba a varias instituciones del Estado y dos embajadas en Madrid guardaba 14.800 euros en metálico en su casa de la calle Clavel 2, en Miranda de Ebro. Cuando le preguntaron para qué guardaba tanto dinero en metálico en casa respondió con sorna: «No confío en los bancos».

La actitud de Peyo, como le conocen en su pueblo de origen, fue similar durante las siete horas que duró el registro, dijo varias veces a los agentes que se «equivocaban» y tras abrir la puerta de casa con su propia llave no colaboró después con ellos. Sólo pidió un vaso de agua.

Lo de no creer en la banca parecía algo natural en el perfil de un hombre así, si se tiene en cuenta que Pompeyo también tenía recortes de prensa de artículos como La sublevación militar de febrero de 1936 o «211.580 años de cárcel para los 3 etarras que volaron la casa cuartel, además en el armario de su dormitorio, único de la casa, había dos pósters, uno de la Pasionaria y otro del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y varios ejemplares del diario oficial cubano Gramma.