Una asociación financiada por la Generalitat difunde un vídeo para acusar a la Policía de brutalidad

Iridia se define como una organización “contra la violencia institucional” que sólo en 2021 se ha beneficiado de 225.000 euros de subvenciones públicas

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Alfonso Egea
  • Alfonso Egea
  • Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.

Los cuerpos policiales de todo el país no salen de su asombro ante el vídeo difundido por una asociación que se autodefine como “Centro de Defensa de Derechos Humanos” cuya misión es “elevar los estándares” de protección de los citados derechos en relación con la “violencia institucional”, entre otras. Pues bien, esta organización ha decidido dar forma visual a su cometido a través de un vídeo para celebrar su sexto aniversario y no se les ha ocurrido otra cosa que acusar deliberadamente a diferentes instituciones de practicar violencia gratuita y torturas contra la ciudadanía. Sobre todo acusan de brutalidad a la Policía. Pruebas, cero. Argumentos, los siguientes.

Iridia ha rodado un vídeo en catalán y subtitulado al castellano para celebrar sus seis años de funcionamiento. Es llamativo que su trayectoria coincida con el endurecimiento de los enfrentamientos de los independentistas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la grabación, reproducida en este artículo, puede verse la llegada apresurada de unos sanitarios que empujan una camilla con un herido sobre ella. Una aparentemente preocupada doctora les sale al paso para interesarse por el estado del paciente y tras preguntar qué es lo que le ha sucedido al hombre uno de los sanitarios responde: “Una manifestación que ha acabado con unas cargas policiales muy fuertes”.

Cuando la doctora se interesa por el informe del paciente, otra mujer entra en escena para avisarla: “Doctora, ya está aquí”. Se hace un silencio en la escena y una música de suspense acompaña la mirada de la doctora que se dirige a un hombre de aspecto siniestro, vestido de traje, que ya está al lado del paciente recién llegado. La doctora se coloca al otro lado de la cama y enumera en voz alta las lesiones sufridas por el recién llegado: “Contusiones en la cabeza provocadas por golpe de porra de la Policía durante una manifestación en defensa de la libertad de expre…” La médico es interrumpida por el hombre siniestro, que le chista para corregir su intento de atribuir las lesiones a la brutalidad de la Policía: “Contusiones sufridas por un enfrentamiento con las fuerzas del orden. ¡Ah! Y alteración del orden público”.

«Persona agredida por la Policía»

La doctora acompaña al hombre del traje oscuro al lado de la cama de otra paciente. “Persona agredida por la Policía por negarse a subir a un vuelo de deportación”. El del traje vuelve a puntualizar: “Incumplimiento de la Ley de Extranjería”. Y así van pasando de cama en cama mientras la actriz que interpreta a la doctora habla de brutalidad en las cárceles o el hombre siniestro apunta en sus papeles la palabra “Okupa”. Al final de la escena un grupo de personas se encara con el hombre de aspecto siniestro y cierran el vídeo con la frase “la impunidad a juicio”.

Este vídeo ha circulado entre policías de todo el país y ha generado un tremendo descontento porque según la opinión de varios agentes consultados por este periódico no existe ningún tipo de presunción y por supuesto aducen que “los policías no damos golpes de porra en la cabeza ni agredimos a inmigrantes que van a ser deportados”. De hecho las asociaciones policiales aseguran que este tipo de mensajes sobre supuesta brutalidad de la Policía está calando en la sociedad y muchas veces la pérdida del principio de autoridad que los policías están percibiendo en la actuaciones se debe precisamente a este tipo de campañas que los criminaliza y justifica el hecho de enfrentarse a ellos pese a ser los que constitucionalmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza en sus intervenciones.

Estos mismos agentes consultados dedican una especial atención a estas asociaciones y sobre todo cómo se financian. “Al final, una organización privada con fines privados puede legitimar sus opiniones sin ayuda, pero cuando estas organizaciones viven y sobreviven con fondos públicos también hay que dirigirse a las instituciones que se los proporcionan.

En el caso de Iridia recibe fondos del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelona, entre otras instituciones públicas catalanas además de una sola ayuda de la Comisión Europea bajo el epígrafe “Justicia y consumidores”. Esta última ayuda son 37.000 euros para repartir en cuatro años. No, no es el grueso de su financiación.

Para este año Iridia ha tenido un presupuesto de casi 460.000 euros. Pues bien, de ese dinero, 224.000 euros lo ha obtenido de subvenciones de las entidades públicas catalanas citadas y más de 125.000 han salido de subvenciones privadas, que ellos entienden que son las de Intermón Oxfam o Naciones Unidas entre otras.

Desde su nacimiento Iridia ha sido viable por este tipo de subvenciones que han ido creciendo exponencialmente desde 2016, y en total, en estos seis años, las instituciones públicas catalanas la han financiado con más de medio millón de euros mientras que las subvenciones que ellos califican como privadas, las de grandes ONG, suman más de 300.000 euros. En total unos ingresos institucionales de más de 800.000 euros cristalizados en un vídeo para contar que la Policía pega con brutalidad a la gente que se manifiesta.

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