Asier Arzalluz, uno de los asesinos de López de la Calle, logra salir de la cárcel sin arrepentimiento
Ascienden a 114 los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a presos de ETA desde que asumió las cárceles
El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al asesino de ETA Asier Arzalluz Goñi, condenado por delitos terroristas de extrema gravedad, entre ellos asesinato, intento de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra. Es uno de los asesinos del periodista López de Lacalle. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que es «un nuevo tercer grado fraudulento», ya que por parte de este sujeto «no existe un arrepentimiento real de los hechos cometidos».
Con éste, ya ascienden a 114 los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a 94 etarras desde que asumió la competencia de las tres prisiones de esta comunidad autónoma española. Actualmente, están en tercer grado 57 etarras de un total de 121.
Para Covite, esta nueva decisión, apenas una semana después de la semilibertad concedida al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, demuestra que la política penitenciaria del Gobierno vasco con los presos de ETA «continúa avanzando a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale: flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley para progresar en grado».
Desde el pasado lunes, el sanguinario jefe de ETA Txeroki, que tiene a sus espaldas condenas que suman más de 400 años de cárcel, sale de lunes a viernes de la prisión de Martutene, en San Sebastián, y por las noches vuelve para dormir.
Amnistía encubierta
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional «que ejerza su función» y recurra el tercer grado de Arzalluz Goñi para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» que
ataca directamente «el derecho de las víctimas a la Justicia». También lo pidió ante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario concedido al sanguinario etarra Txeroki y ante cada beneficio penitenciario a etarras que se consuma de forma ilegal.
En la fase de ejecución de las condenas, las víctimas no pueden personarse, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede luchar contra estas concesiones. Covite advierte al Ministerio Público que «avalar decisiones como ésta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad».
«Está en juego asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, algo que hoy no se está haciendo», denuncia Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián.
La trampa
Covite ha respondido a las declaraciones realizadas este miércoles por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, sobre que estas decisiones son «completamente legales». En este sentido, ha recordado que «la ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas». «La ley dice que ‘se podrá conceder, no que se deba conceder’. Ahí está la trampa», subraya Consuelo Ordóñez.
En este sentido, Covite indica que el ordenamiento jurídico vigente permitiría no conceder estos beneficios penitenciarios, especialmente cuando no existe ningún gesto mínimo de arrepentimiento real ni de desvinculación del entramado político y social de la izquierda abertzale, que sigue legitimando y vanagloriando los crímenes de ETA. «No se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla», destaca la presidenta de Covite.
Además, afirma que el problema no reside en la existencia de la norma, sino en la interpretación interesada de su elemento clave: el arrepentimiento. «Se está vaciando deliberadamente de contenido este requisito esencial que la propia ley establece para progresar en grado. Se cumple formalmente con la legalidad, pero se pervierte su finalidad, que es garantizar un arrepentimiento auténtico y constatable, precisamente para cumplir con el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas: la reinserción de los penados», precisa la presidenta de Covite.
Y hace hincapié en que «sólo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción». «Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares», apunta.
Cartas instrumentales
Covite recuerda, asimismo, que, tratándose de delitos de terrorismo –delitos públicos y de extrema gravedad–, el arrepentimiento «no debería basarse en una carta manuscrita privada con fórmulas genéricas, sino en hechos objetivos y públicos que acrediten una ruptura real con la trayectoria criminal y con el entorno político y social que todavía justifica el terrorismo».
«Si el arrepentimiento fuera auténtico, tendría consecuencias visibles. Pero lo que vemos cada día demuestra exactamente lo contrario: La izquierda abertzale sigue considerando a la gran mayoría de los presos de ETA como ‘presos políticos’ y exhibiéndolos como si fueran héroes. Con lo cual, esas cartas en las que el Gobierno vasco cimienta el cumplimiento del requisito del arrepentimiento son puramente instrumentales y constituyen un insulto a las víctimas, a quienes se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten constantemente las palabras», denuncia la presidenta de Covite.
Continúa vinculado
En el caso de Asier Arzalluz Goñi, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha constatado que continúa plenamente vinculado a ese entorno: figura en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025), organización que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita política de SORTU y a los que siguen presentando como «presos políticos».
Además, recuerda que su imagen continúa siendo exhibida públicamente en actos a favor de la excarcelación de presos de ETA.
«Estos hechos son incompatibles con cualquier arrepentimiento real. Demuestran que no ha existido desvinculación alguna del entramado radical que alentó el terrorismo y todavía hoy lo justifica», sostiene Consuelo Ordóñez, subrayando que «no se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que la propia izquierda abertzale lo prohíbe expresamente desde hace muchos años».
Además, insiste en que comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo, ya que cuando lo está, queda automáticamente apartado del entorno político y social de EH Bildu. «Ése es el único indicador fiable. Y no se da en este caso», concluye.
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