La Asamblea por la Vida envía un manifiesto a todos los senadores en contra de la ley de eutanasia

La recientemente creada Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, de la que forman parte personajes tan relevantes como los que fueran altos cargos del PP, María San Gil o Jaime Mayor Oreja, han comenzado su batería de acciones con la redacción de un manifiesto en el que exponen las limitaciones y errores de la Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia. El manifiesto ha sido enviado a todos los senadores, independientemente del partido político al que pertenezcan.

El documento comienza incidiendo en la singularidad de su elección, que ha sido a título personal, y recalca que los senadores no forman parte de una lista cerrada y bloqueada. En este sentido, la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad apela a la conciencia de los senadores durante la tramitación de la ley, recordándoles que no se deben a ningún otro mandato imperativo que no sea el de su propia conciencia.

En el manifiesto, las más de cien asociaciones que conforman la asamblea exponen que: «Legislar sobre la muerte, cuando España vive la época más mortífera después de las secuelas de la Guerra Civil, cuando esta mortalidad, más de 80.000 personas, castiga sobre todo a las personas de más de 65 años, en lugar de legislar para mejorar la prevención, el control y las prestaciones sanitarias, es un escándalo y una grave irresponsabilidad».

Y añaden que todavía lo es más, «cuando el Congreso de los Diputados se ha negado a introducir en la elaboración de la ley, toda referencia, toda condicionalidad de la eutanasia, a la disponibilidad de unos servicios de cuidados paliativos al alcance de toda la población, lo que exige multiplicar por tres veces y media sus actuales y subdesarrollados servicios. Tal como está planteada la eutanasia ni es un derecho ni es signo de libertad, porque no existe tal cualidad cuando la opción es sufrir o que el médico te mate. Ningún jurado, ningún juez admitiría que esta es una opción libre».

El documento también alerta que la aplicación de esta ley aumentaría la grave desigualdad que ya existe, provocando que muchas personas «se vean con la única opción a la que los condena, sufrir o la muerte a manos de un médico». Además, añaden que la eutanasia «liquidaría la relación de confianza entre médico y enfermo», que parte del principio que siempre intentará salvar y proteger del sufrimiento a toda vida en toda circunstancia.

Por estas razones, la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad pide a los senadores que rechacen la ley tal y como está redactada y de la forma en que ha sido elaborada, con una escandalosa ausencia de un mínimo debate social: “Estáis ante una ley injusta porque el Estado no puede autorizar a nadie a matar, ya que la vida de los ciudadanos no está a disposición de los poderes públicos, incumpliendo su deber de aportar todos los medios posibles para curar, aliviar o cuidar a los pacientes ante situaciones de dolor o sufrimiento insoportable”.

Antes de finalizar el escrito, advierten que la ley de la eutanasia también supone una amenaza grave para la profesión sanitaria y para el sistema sanitario, como según ellos lo constata el Código deontológico de la profesión médica y la Organización Médica Mundial, y que los senadores no pueden pasar por alto las graves objeciones y advertencias unánimes del Comité de Bioética de España, del Consejo General de Médicos de España, o de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Así, en el manifiesto les dicen a los senadores: “No podéis votar a favor de una ley contra el consenso mundial, lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3 y 30, y la deontología médica”.

Por último, explican que tras constatar la inconstitucionalidad de la ley que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez junto a sus socios de Podemos, el manifiesto anuncia cuatro acciones inmediatas si la ley fuera finalmente aprobada en el Senado: Alentar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso propio a través del Defensor del Pueblo; valorar la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular para conseguir una Ley Integral de Cuidados Paliativos, cuyos servicios sean previos y obligatorios a toda petición de eutanasia; organizar un gran evento de rechazo a la ley y de exigencia de los cuidados paliativos, en el marco de las condiciones de seguridad que la prevención y lucha contra la Covid-19 exige; y promover en el marco de la Asamblea de Asociaciones la objeción ciudadana a la aplicación de la ley.