Arturo Canalda declara mañana como imputado por la compra de Inassa a través de Panamá

El expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda declara mañana como imputado ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, por su «participación esencial» en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 a través del paraíso fiscal de Panamá.

Antes que Canalda deben comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Ignacio López-Galiacho, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre y Adriano García, todos ellos exconsejeros del Canal.

López-Galiacho, Autrán y Díaz-Latorre estaban citados el 9 de enero, si bien solicitaron aplazar su declaración porque no habían tenido tiempo de instruirse en la causa. También lo hizo Canalda, citado el pasado martes 23, cuya comparecencia se aplazó a petición de su defensa.

El juez investiga la adquisición de la filial colombiana Inassa al considerar que en los 73 millones de dólares que se pagaron por ella pudo existir «una sobrevaloración claramente perjudicial» para los intereses del Canal y porque la operación se hizo a través de una «compleja estructura societaria» que contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

Para la compra se utilizó una «sociedad vehículo» llamada Canal Extensia, que adquirió Inassa a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América.

Canalda, junto con otros investigados como el expresidente del Canal Pedro Calvo, se encargó de «negociar y presentar ofertas en la licitación internacional de Inassa».

Sin embargo, el juez cree que se concertó con otros imputados para gestionar la adquisición «de forma distinta a la que plantearon» en una reunión del Consejo de Administración del Canal, concretamente, mediante la utilización de Sociedad Aguas de América.

Antes de que se le autorizase a presentar la oferta económica para comprar Inassa, señala el juez en un auto, éstos ya habían alcanzado un acuerdo con los vendedores tiempo antes «para adquirir esta operación de forma distinta» y ya tenían «el aval bancario definitivo» y el acuerdo de compraventa de acciones redactado.

Por el momento, la mayoría de los investigados por esta operación han apuntado a la misma línea: que la compra de Inassa fue beneficiosa para el Canal y que incluso se adquirió a un precio más barato que el de mercado.

En relación con la utilización de la empresa interpuesta, algunos comentaron que fue una condición de los vendedores y que se acordó que se disolvería el mismo día de la operación.