Artur Mas tiene hasta el jueves para abonar los tres millones de fianza por el 9N

El Tribunal de Cuentas tiene fijado el próximo jueves, 16 de noviembre, como fecha tope para que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus colaboradores depositen los tres millones de euros que aún faltan de la fianza impuesta por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Artur Mas, responsable solidario por ser el presidente de la Generalitat en aquel tiempo, aportó casi 2,2 millones junto con los demás investigados: sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.

Pero la defensa de los investigados pidió 15 días más de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a «los medios económicos de los presuntos responsables» y subrayando que con el adelanto se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

Su letrado también aclaró en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente «la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente», y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia. La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos 2,1 millones de euros y aceptó la prórroga e 15 días hábiles para el resto de la fianza.

Los 2,2 millones aportados coincidían con la cantidad que desde las entidades soberanistas ANC y Òmnium habían reservado para apoyar a Artur Mas y su equipo, pero en esas últimas semanas esa ‘caja de resistencia’ ha tenido que afrontar más gastos, como los 150.000 euros de fianza exigidos en el Tribunal Supremo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los 100.000 repartidos entre otros cuatro miembros de ese órgano parlamentario.