España
Congreso de los Diputados

Armengol auxilia al Gobierno para aprobar antes de agosto la reforma que solivianta a jueces y fiscales

Plantea un nuevo pleno extraordinario a finales de julio para que el Ejecutivo despache asuntos pendientes

Francina Armengol está decidida a que el Gobierno se vaya de vacaciones con «los deberes hechos». Entre sus planes estaría admitir la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para últimos del mes de julio a fin de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez saque adelante las normas que este curso se le han quedado pendientes. Entre ellas destaca la conocida como Ley Bolaños que hostiga a jueces y fiscales.

Después de vencer el calendario ordinario de la Cámara Baja, son muchas las iniciativas con firma de la coalición PSOE-Sumar que se han quedado paralizadas. Si bien es cierto que la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, apuró los tiempos para dilatar la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones por la trama corrupta del PSOE, podría ahora hacer lo mismo para despachar los asuntos que aún no ha resuelto el Ejecutivo.

No obstante, para que se convocara un pleno extraordinario previsiblemente los días 22 y 23 de julio, tendría que solicitarlo bien la Diputación Permanente -con mayoría del Grupo Socialista y de Sumar- o bien el propio Ejecutivo de Sánchez. En caso de ser validado, la mayoría de izquierdas de la Mesa de la Cámara Baja daría luz verde también a incorporar en el orden del día una lista de iniciativas pendientes de validar a propuesta de los de Sánchez.

La reforma judicial de Bolaños

Una de las iniciativas del Gobierno más sonadas y que aún no se ha validado en el Congreso de los Diputados es la denominada Ley Bolaños. Un proyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que otorgará un poder prácticamente ilimitado y sin contrapesos al fiscal general del Estado procesado, Álvaro García Ortiz. Con esta iniciativa, el jefe del Ministerio Público podría instruir las investigaciones y colocar bajo su dependencia a la Policía Judicial.

Otro de los cambios que incorporaría la ley sería que hasta 1.004 jueces y fiscales sustitutos, de los cuales 673 son magistrados y 331 fiscales, puedan acceder a la carrera sin opositar. Según defendió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el concurso estaría ajustado a principios de «igualdad, mérito y capacidad».

No obstante, la regularización de los jueces vendría a sumarse también a las 1.500 plazas anunciadas por el propio ministro y que quedaría habilitada para los que entrasen por el turno libre y el cuarto turno. Y un anuncio, el de Bolaños, que se ha saldado con la protesta de todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las consideradas progresistas, que exigen al Gobierno la retirada de las reformas, sobre todo la del acceso a ambas carreras.

Los socios del Ejecutivo de Junts, por su parte, han amenazado en los últimos días con tumbar la reforma de acceso a la carrera judicial. Los de Carles Puigdemont han presentado un total del 31 enmiendas. Entre ellas, exigen eliminar la Audiencia Nacional y distribuir sus competencias entre los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías. También piden eliminar la jefatura de la Policía Nacional de Barcelona, entre otras reivindicaciones.

La ley ‘estrella’ de Sumar

Otra de las medidas que el Gobierno tendría pendiente por tramitar es la reforma legal para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas. Considerada como la ley estrella de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha convertido en una de las más controvertidas y que penden, en mayor medida, del sí de Junts.

Los de Carles Puigdemont registraron una enmienda a la totalidad contra la iniciativa alegando que el texto carece del respaldo unánime del diálogo social. Según Junts, amenaza la viabilidad de las pymes y representa una imposición ideológica sin consenso.