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ARAGÓN

Aragón cuestiona dónde irán los menas que expulse Cataluña: «¿Los echarán a nuestra frontera?»

Aragón denuncia que el reparto de menas quiebra el principio de igualdad entre españoles

El Ejecutivo de Azcón recurrirá el decreto ley de Sánchez ante el Tribunal Constitucional

Aragón no va a colaborar con el reparto de menas en la línea con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Este martes, el Ejecutivo de Azcón ha adelantado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de Pedro Sánchez publicado este martes, aunque no ha fijado plazos. «Llegaremos si es necesario hasta la Unión Europea para parar este despropósito que únicamente beneficia al interés superior de Pedro Sánchez», ha advertido la consejera de Bienestar Social en Aragón, Carmen Susín.

Susín ha cuestionado qué sucederá en el hipotético caso que Cataluña proceda a ejecutar procedimientos de expulsión y saque de su territorio, dudando si serán introducidos por la frontera de Aragón a Binéfar, Celles, Maella, etc.: «¿Los expulsarán a nuestras fronteras?», ha espetado.

En las concesiones a Cataluña, en materia de inmigración, al Gobierno catalán se le permite efectuar devoluciones de inmigrantes, gestionar los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y emitir permisos de residencia, además de sumar la presencia de los Mossos d’Esquadra en las fronteras. Algo que Susín ha denunciado ante el silencio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien este lunes «no especificó nada sobre este asunto».

La consejera al ser preguntada sobre qué sucederá con los menas mientras se tramita el recurso al decreto ley ha declinado «hacer suposiciones»: «Lo que les digo es que no vamos a colaborar en el reparto de menores».

Susín ha rechazado dar cifras sobre el número actual de menas acogidos por el momento en Aragón, argumentado que «no iba a entrar en el debate ni de cifras ni de presupuesto» esgrimiendo «evitar el juego de Sánchez». «Este lunes, en la conferencia sectorial, las comunidades exigimos conocer los datos de todas las comunidades autónomas», ha añadido.

«Lo importante en estos momentos es denunciar que se ha roto el principio de igualdad entre los españoles, se ha vuelto a quebrar el principio de solidaridad, quebrándose el Estado de Derecho y las prescripciones de la Constitución Española», ha sostenido refiriéndose al pacto de Pedro Sánchez con Junts, a costa del maltrato a comunidades como Madrid, donde se estima que sean enviados 700 menas, a Aragón 186, en comparación con la comunidad catalana que acogerá solo entre 20 y 30, de un total de 4.000 menas que serán distribuidos por toda la Península.

Reparto de menas a Aragón

En este sentido, Susín ha recordado que «el sistema está desbordado por la falta de política migratoria de puertas abiertas del Gobierno de España por la llegada masiva de personas migrantes menores y mayores de edad».

«Nos vamos a ver perjudicados en favor a los intereses de Sánchez», ha denunciado. «Se está diseñando una España a dos velocidades por parte de aquellos que no quieren formar parte de ellos».

«Que sean los independentistas catalanes los que deciden las políticas que tienen que ser de todos es una afrenta para los aragoneses y todos los españoles. Es una medida infame», ha manifestado.

Susín ha destacado que el PSOE en Aragón tampoco ha manifestado su opinión ahora que Pilar Alegría es la secretaria general del partido en la comunidad. «No podemos aceptar que se firmen acuerdos con un político perseguido por la Justicia cuyo único interés es excluir a una comunidad autónoma que no gobierna de unos consensos acordados en igual por el resto de comunidades autónomas», ha expresado.

La consejera se ha referido a los menas como «rehenes» de una «negociación injusta de siete votos, los mismos que sostienen al Gobierno de Sánchez y que tan caros nos están saliendo», tras la aprobación de dicho decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratorias extraordinarias.

«El traslado y la reubicación de los menores afecta a derechos y libertades de los extranjeros en España y exige una regulación mediante ley orgánica (Art. 81 de la Constitución Española. Sin embargo, esto se está intentado hacer mediante un decreto ley que modifica una ley orgánica (la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España)», ha advierto. Además ha apuntado que «este decreto ley afecta a competencias autonómicas como es la integración social de inmigrantes».