El Gobierno admite que no puede saber cuántos menas son mayores de edad

El Gobierno admite que no tiene herramientas para conocer cuántos inmigrantes catalogados inicialmente como menas (menores extranjeros no acompañados) resultaron ser, en realidad, mayores de edad.

Así lo reconoce en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, en la que detalla que «el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados está coordinado por la Fiscalía General del Estado y tiene como finalidad exclusiva la identificación de estos menores».

«Así, contiene datos relativos a la edad indubitada del menor o la establecida por Decreto del Ministerio Fiscal. Dentro de estos datos, y por la configuración de este registro, no es posible obtener el número exacto de aquellos extranjeros considerados inicialmente menores y posteriormente mayores por Decreto Fiscal, sino el número de menores inscritos en el Registro en un momento determinado».

«¿Cuántos extranjeros que han arribado ilegalmente a España, especialmente a Canarias, han sido inicialmente considerados menas y después se ha determinado que realmente no lo eran?», fue la pregunta que Vox elevó al Ejecutivo.

En su pregunta, el partido de Santiago Abascal se hacía eco de una información según la cual «más del 90% de los menas sometidos a pruebas periciales en Aragón» resultaron ser mayores de edad.

Acogida de menas

La acogida de estos menores inmigrantes ha provocado la polémica por el pacto entre el Gobierno y Junts que implicará que Cataluña apenas reciba a 30 menas por los 800 de Madrid. Ante las críticas, el Ejecutivo ha defendido el acuerdo como «justo» y «equilibrado».

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar «por unanimidad» los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan. Los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

Para determinar el reparto se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Ayuso irá a los tribunales

Este último acuerdo entre el Gobierno y Junts ha provocado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que lo llevará ante los tribunales y la UE y ha calificado el pacto de «lamentable», al tiempo que considera que la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «un lastre para todos».

«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias», ha anunciado la dirigente autonómica.