Anticorrupción investiga al Gobierno socialista canario por un ‘caso mascarillas’ de 4 millones

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso supuso el pago de cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para la entrega de mascarillas. Pero las citadas mascarillas nunca llegaron. Y el Gobierno canario nunca solicitó los productos pagados.

La Fiscalía investiga, por un lado a la empresa, por un posible delito de estafa. Y, por otro lado, a la Consejería de Sanidad del Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Es decir, que el caso se parece en su primera mitad al muy mediático caso mascarillas de la ciudad de Madrid, pero en nada en la segunda mitad: y es que en Madrid la Fiscalía ha descartado ya citar como imputado al primo del alcalde Martínez Almeida y a la jefa de compras, Elena Collado. Y en el caso mascarillas de Canarias -nada mediático- sin embargo, la Fiscalía ya investiga a la Consejería de Sanidad.

La siguiente diferencia entre ambos casos es obvia: el de Canarias afecta a una administración socialista y el de la ciudad de Madrid a una del PP.
Hay más diferencias entre ambos casos: otra notable es la de que el producto pagado -las mascarillas- nunca llegó. En Madrid sí llegó y el que no cumplió con las exigencias fue devuelto y el dinero recuperado.
Otra diferencia más la representa el hecho, por ejemplo, de que el Gobierno canario siguió contratando con esa empresa pese al fallo en el suministro del millón de mascarillas que la compañía cobró por adelantado.

La Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada es la encargada de liderar esta investigación desde el pasado día 8 de abril. En el caso de la empresa RR7 United SL, el Ministerio Público quiere saber si cometió una estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) por el citado contrato de un millón de mascarillas FFP4 que nunca llegaron a aparecer.

El fiscal es Javier Ródenas, quien ya ha encargado el inicio de los trabajos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial.
Entre las sospechas de malversación por parte del Gobierno canario figura el hecho de que no consta que se verificase si la sociedad limitada cumplía con las exigencias mínimas de solvencia como para poder llevar a cabo el encargo de la compra de mascarillas. O la causa de que la Sanidad canaria no trasladara el asunto a la Fiscalía tras comprobar que la mercancía no llegaba.

Por el momento, Anticorrupción ya ha reclamado documentación a la Consejería de Sanidad: contratos firmados entre las partes, informes jurídicos, etc. Mecanismos, todos ellos que, pese al mecanismo de urgencia decretado para la contratación en época de pandemia, podrían demostrar una buena fe o la ausencia de ella en el comportamiento dependiente en última instancia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Incumplimiento

Hay otro dato llamativo. Y es que el Departamento de Sanidad simplemente resolvió el contrato por incumplimiento. Todo ello, mientras ahora la Agencia Tributaria sí se ha tomado en serio el asunto, hasta el punto de que pretende actuar contra el patrimonio del responsable de la empresa para recuperar los cuatro millones en cuestión. ¿Por qué Sanidad no lo vio necesario y la Hacienda nacional, sí?

El tránsito de este contrato fue también llamativo. El Departamento canario de Sanidad pagó por adelantado y sin exigir a RR7 una garantía definitiva, y ello, pese a que el Real Decreto de medidas urgentes por el COVID sí la reclamaba. Únicamente se llegó a enviar una partida, remitida desde Etiopía, con un millón de mascarillas del modelo 1860 N95 producidas por la compañía 3M. Pero ese lote fue destruido por Aduanas tras certificar que, en realidad, se trataba de un producto falsificado.

Pese a todo ello, la Sanidad canaria renegoció con RR7 la compra de esas mascarillas ya pagadas, para que las pudiera adquirir de otro fabricante.
Y, pese a todo ello, nunca se trasladó la denuncia a la Fiscalía por el obvio incumplimiento del contrato. Con todo ese historial, y pese a la investigación abierta contra la parte política por decisión de la Fiscalía, el caso mascarillas canario ha quedado en la retaguardia, para dejar todo el pese mediático al caso mascarillas madrileño, donde no hay pata política.

«Se atendió al marco normativo»

En base a la información, y ante la afirmación de que el Gobierno canario nunca solicitó los productos pagados, el Gobierno canario se ha puesto en contacto con OKDIARIO para manifestar lo siguiente: «En mayo de 2020, estando en plena pandemia, el Servicio Canario de la Salud (SCS) compró por contrato de Emergencia un millón de mascarillas 3M 1860 N95, por cuatro millones de euros que no llegó nunca a recibir porque tras varios retrasos, justificados por la empresa suministradora aludiendo a la situación de inestabilidad de mercados y falta de material protector a nivel internacional, el producto fue incautado y destruido por Aduanas por considerarlas falsas, sin conocimiento previo del SCS y sin que se realizara entrega alguna».

«Ante el incumplimiento del contrato por la empresa suministradora, el SCS inició el 1 de febrero de 2021, el procedimiento para la resolución de contrato (procedimiento que engloba intento de notificaciones y publicación en el BOC y BOE (notificaciones que fueron devueltas) entre otras gestiones administrativas realizadas) para que la empresa suministradora, RR7 United SL, reintegrara la cuantía pagada por incumplimiento de contrato. Asimismo, el 13 de mayo de 2021 se dictó la Resolución para resolver el contrato suscrito y se ordena la emisión de carta de pago, previa a la petición, por parte del SCS, a la Agencia Tributaria canaria del inicio de la vía ejecutiva del reintegro», afirma el Gobierno en un comunicado.

Por otra parte, la Fiscalía, a instancias de la denuncia de un particular, ha requerido al SCS los expedientes de compras entre las que se encuentra las que debieron ser suministras por la empresa RR7. «Todas las compras se realizaron atendiendo al marco normativo y sólo el expediente de compra con RR7 United SL generó problemas por incumplimiento de contrato», afirma.