El jefe animalista del Gobierno cobra 80.000 € pero sólo gasta 36.199 en recoger animales abandonados
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La Dirección General de Derechos Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha abierto una licitación para contratar a una empresa de servicios de «atención animal urgente». El director general, Sergio García Torres (Podemos), cobra casi 80.000 euros anuales como sueldo, pero va a destinar sólo 36.199 euros en cuidar animales de forma directa. Sin contar el IVA, la empresa adjudicataria se embolsará del orden de 29.900 euros.
Los pliegos del contrato, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, justifican que normalmente los españoles acudían a sus administraciones locales y regionales, pero con la creación de una Dirección General en el Gobierno «cada vez con mayor frecuencia, ciudadanos en general e instituciones y administraciones públicas se dirigen a la Dirección General poniendo en su conocimiento situaciones excepcionales de abandono animal».
«En ocasiones, dada las especiales circunstancias que las rodean (inmigración, violencia machista, abandono familiar, etc.), y no estando cubiertas por otras Administraciones territoriales, requieren una actuación urgente para garantizar las elementales condiciones de bienestar del animal desamparado», argumentan desde el Ministerio para amparar la contratación.
En este contexto, «ante la ausencia de medios propios por parte de la Administración [central] para acometer estas emergencias animales, se hace necesario acudir a la contratación pública para disponer de un servicio que dé respuesta inmediata a estas situaciones excepcionales de abandono», agregan. No obstante, cabe destacar que las comunidades y los ayuntamientos ya tienen sistemas para cubrir estas competencias. Además, el Ministerio otorga subvenciones a entidades animalistas también para este tipo de tareas de recoger animales abandonados.
El nuevo contrato tiene por objeto «establecer un servicio de recogida y traslado de animales ante situaciones urgentes y excepcionales de abandono animal de las que tenga conocimiento la Dirección General y no corresponda su atención a otras Administraciones Territoriales, la asistencia veterinaria básica, y su alojamiento y manutención por un periodo máximo de seis meses».
Listado de tareas
Entre las tareas que van a exigirse a la empresa adjudicataria está «la recogida, a requerimiento de la Dirección General de Derechos de los Animales, de aquellos animales que, por sus especiales características o situación sanitaria, necesiten una atención específica». Además, se exigirá «gestionar su traslado inmediato desde el lugar en que se encuentre hasta la Entidad de protección animal, centro, casa de acogida o dependencia que se acuerde con la Dirección General».
También se facilitará al animal «la asistencia veterinaria básica que precise en el momento de su recogida y hasta que sea derivado a una Entidad de Protección Animal, centro, casa de acogida o dependencia que se acuerde con la Dirección General». Dicha asistencia veterinaria básica comprenderá intervenciones como «exploración clínica» y «analítica básica: hemograma, urianálisis, bioquímica sanguínea, test rápidos para detectar ciertas enfermedades de una manera más rápida, como puede ser el caso de la leishmaniosis o la leucemia felina». Igualmente, se cubrirán las intervenciones quirúrgicas de urgencia por hasta 500 euros, implantación de microchip, vacunación, desparasitación y cartilla veterinaria, así como, asumir el coste de alojamiento y manutención por un tiempo máximo de seis meses, por importe de 8 euros por día.
Apuntan finalmente que «en nuestro país se hace cada día más evidente la creciente sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general». Señalan que e particularmente intenso en «los animales que viven en el entorno humano, en tanto que seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse, como recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE».
Por último, recuerdan que «en España uno de cada tres hogares posee un animal de compañía, y así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados». Pese a ello, subrayan que «aproximadamente el 50% de los animales de compañía existentes se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone, no sólo para su adecuada protección, sino también para la propia seguridad y salud pública».
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