Alejandro González Mariscal de Gante (APM): «La ‘reforma Bolaños’ deteriora nuestro Estado de Derecho»

«La reforma Bolaños es un retroceso democrático y deteriora nuestro Estado de derecho». Así define el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la nueva norma de acceso a la carrera judicial y fiscal que el Gobierno pretende aprobar a toda prisa por el procedimiento de urgencia en plena vorágine de investigaciones por corrupción contra el ejecutivo. El magistrado critica también que, en la situación del fiscal general del Estado –procesado, camino del banquillo–, se le otorgue más poder y se le entreguen las investigaciones criminales. «Es una locura”, dice el portavoz de la APM.

En una entrevista a OKDIARIO, Alejandro González Mariscal de Gante rechaza que se rebaje la exigencia para el nombramiento de jueces y fiscales: «Los ciudadanos merecen jueces bien preparados técnicamente, a los que no se les regale el puesto». Y añade que lo peor de la reforma son las dudas que generará sobre sus actuaciones: «La democracia se basa en la confianza en las instituciones y la reforma generará la duda sobre si los nuevos jueces son estómagos agradecidos al poder».

Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la APM, asociación mayoritaria de jueces y magistrados, afirma que la huelga de tres días «ha sido un gran éxito» y apela a Europa visto el deterioro democrático de nuestro país: «Es necesaria una intervención de la Unión Europea en España».

PREGUNTA.- ¿Qué valoración hace de la huelga de jueces y fiscales?

RESPUESTA.- Ha sido un gran éxito. También la implicación y empatía de los ciudadanos. Damos las gracias a todos. El deterioro democrático e institucional, sobre todo en justicia, es elevado y lleva produciéndose mucho tiempo. Esto no se trata sólo de una reforma procesal. Trasciende lo procesal para entrar en las garantías esenciales de los ciudadanos. Hemos causado un perjuicio grave a los ciudadanos porque hay juicios que se van a retrasar dos o tres años. Asumimos que es un tremendo problema para ellos, pero agradecemos que, tanto profesionales como ciudadanos, nos hayan manifestado la necesidad de que, en algún momento, alguien pusiese en valor los principios básicos en cualquier democracia porque entendemos que esta reforma es un retroceso democrático.

P.- ¿Qué supone la reforma Bolaños para el Estado de derecho?

R.- La mera forma de hacerlo ya es un deterioro democrático. Se está sustrayendo el debate a la población y al Parlamento. Ninguna fuerza política ha podido debatir sobre esta ley. No es propio de una democracia. Es algo alejado de lo que es un parlamento. No hay debate. Pero sí se ha mandado al presidente Zapatero al extranjero a negociar la mayoría parlamentaria. En las reuniones en el ministerio van por el camino de ofrecer meras reformas cosméticas, pero nunca entran en el fondo del asunto. ¿Cuál? Introducir reformas que van a deteriorar el acceso de los jueces y fiscales reduciendo el nivel de exigencia. Dicen que hacen falta más jueces. Para solucionar que hubiese más jueces podrían haber hecho más convocatorias. Pero lo que han hecho es generar el problema, reduciendo las convocatorias de jueces del turno libre por el que accedemos la inmensa mayoría a la carrera, y, luego, decir que, como faltan jueces, van a meter 1.000 jueces nuevos. Eso es una locura. Es una bajada de nivel esencial. Los ciudadanos tienen derecho a jueces preparados técnicamente, a los que les cueste llegar a ser juez. Al final, lo que cuesta conseguir se valora mucho. Pero a quien se le regalan las cosas no las valora. Hay que ser celosos de la independencia y de la exigencia a los jueces. Esa es la garantía que tiene el ciudadano de que un juez no se va a someter a un criterio político. El juez puede equivocarse y, para protegernos de eso, tenemos un sistema de recursos. Pero nunca será voluntariamente y por un criterio político, sino técnico.

«La reforma que impulsa el Gobierno va a generar la duda permanente de si los jueces que va a nombrar sin superar una oposición pueden llegar a ser estómagos agradecidos»

P.- ¿La prisa del Gobierno por aprobar la reforma Bolaños tiene que ver con las investigaciones de corrupción?

R.- Me gustaría pensar que no. Lo que pasa es que no entiendo cuál es el objetivo de sacarlo tan rápido y de sustraer el debate. ¿Cuál es la prisa de un sistema urgente de tramitación para cambiar las bases de la carrera judicial? En las reuniones en el ministerio, yo mismo les he preguntado si, en términos simplemente de comunicación, es un buen momento para plantear esto y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para entregar la instrucción a los fiscales cuando el fiscal general del Estado está cuestionado, atribuyéndole más poder y reduciendo la autonomía del Ministerio Fiscal. La democracia depende de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El ciudadano tiene que estar convencido de que sus instituciones funcionan y que sus impuestos generan mejores instituciones y sufragan derechos de los ciudadanos para que haya un Estado social fuerte que proteja a todos. Todo eso se desarrolla por un régimen de pura confianza. Si minamos esa confianza, generando dudas sobre las investigaciones criminales y las resoluciones judiciales, el deterioro institucional se va a acelerar causando enormes problemas. El problema no es que la reforma va a llevar a que haya peores jueces por definición. El problema es que va a generar la duda permanente de si esos jueces pueden llegar a ser estómagos agradecidos. Y eso tenemos que evitarlo a través de un sistema como el que tenemos. Porque, además, no se ha demostrado que ninguna de las reformas sea necesaria. ¿Por qué cambiar ahora el acceso a la carrera judicial?

P.- ¿La reforma busca jueces que le deban el puesto al poder político y sean estómagos agradecidos?

R.- Me gustaría pensar que no, pero, realmente, una vez leído todo, no se me ocurre cuál es el motivo para «fortalecer la carrera judicial», como dice el ministro, deteriorando el acceso o limitando la financiación de las asociaciones y sembrando la duda sobre nuestra financiación. Eso no ha ocurrido bajo ningún concepto. Estamos totalmente fiscalizados. O cuestiones como las salas de gobierno. ¿En qué afecta eso a los ciudadanos y a la justicia? No hay ninguna demanda en ninguna de las reformas pretendidas. Y, por supuesto, no ha habido jamás un requerimiento de Europa para una estabilización de interinos. ¿Por qué hacerla si no hay requerimiento? Es, sencillamente, falso.

P.- ¿El Gobierno busca jueces que sigan instrucciones políticas?

R.- Me gustaría pensar que no y que un juez nunca va a hacer eso. Pero lo cierto es que vamos reduciendo las exigencias, repitiendo que los jueces estamos politizados, señalando a los jueces, a la persona, no a la resolución… Se puede criticar la resolución, pero se han dicho cosas absurdas de jueces, atribuyéndoles un corte político o diciendo que tiene dos DNI. Se pueden debatir las resoluciones, pero ¿por qué meterse en la cuestión personal? Es desacreditar a los jueces. Y ese es el error de la reforma: hacer surgir la duda.

«El problema ya no es sólo nuestro, sino de toda Europa. Vivimos un desafío que afecta al Estado de Derecho de Europa»

P.- Esta semana tienen reuniones en Bruselas. ¿Podemos confiar en Europa? Da la sensación de que va a paso de tortuga…

R.- La Unión Europea suele ir despacio por una razón lógica: la institucionalidad de proteger la independencia de los estados. La Unión Europea es una unión voluntaria de estados en condiciones de igualdad, pero no hay una nación superior a la que pertenezcamos todos. Hasta ahí lo entiendo. Pero con los desafíos actuales de España, es necesaria una intervención de la Unión Europea. Estamos teniendo acceso a todas las instituciones y muestran un gran interés por la situación actual en España. Eso genera confianza. Si no, no iría.

P.- ¿Es necesaria una intervención de la Unión Europea en España?

R.- Es que esto es un problema europeo. El problema ya no es sólo nuestro, sino de toda Europa. Vivimos un desafío que afecta al Estado de Derecho de Europa. España es un gran país con gran importancia dentro de la Unión Europea. Éramos un referente para muchos países de la Unión y estamos dejando de serlo porque estamos generando muchas dudas sobre aspectos esenciales del Estado de Derecho, de la democracia. Esto tiene que corregirse y por eso ha habido una huelga de tres días que es histórica. Hemos hecho huelgas a gobiernos de todos los colores, pero no de tres días.

P.- ¿España está dejando de ser un Estado de Derecho?

R.- España está deteriorando su Estado de Derecho, sin duda. Esta nueva normativa que pretenden implantar va a suponer un grave deterioro democrático.