La alcaldesa socialista de Alcorcón descarta dimitir aunque sea condenada a inhabilitación

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha asegurado en el Pleno municipal que seguirá siendo regidora durante los próximos cuatro años aunque reciba una sentencia de inhabilitación, «por muy desfavorable que sea».

De Andrés está siendo juzgada por haber quebrado una empresa pública y se enfrenta a la petición de 5 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía. Esta política nacida en Main (Alemania) se sentó frente a un juez para dar explicaciones sobre su gestión al frente de una empresa municipal en bancarrota. Aún está pendiente la sentencia.

«Quiero aclarar que en ningún caso voy a dejar de ser alcaldesa durante estos cuatro años y además lo digo porque, en caso de que yo tuviera una sentencia muy desfavorable, nunca afectará a la actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta, pero bueno, me da lo mismo», zanja ante la incredulidad del resto de concejales presentes.

La también secretaria general de los socialistas de Alcorcón se enfrenta así a la petición del fiscal de inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona física o jurídica durante cinco años.

El origen de este juicio se remonta a cuando De Andrés era parte del Gobierno municipal que encabezó Enrique Cascallana, el Ejecutivo local en el poder hasta que el PP se alzó con la mayoría en 2011. En esa etapa, la hoy alcaldesa fue presidenta del consejo de administración de Emgiasa, la empresa municipal de la vivienda de Alcorcón que acabó quebrada y entró en concurso de acreedores.

Dos errores graves

El fiscal considera que la situación de quiebra que alcanzó Emgiasa fue la consecuencia directa de una gestión negligente. En concreto, el fiscal habla de «conducta dolosa que ha agravado la situación de insolvencia». Y cita en particular dos actuaciones en las que la dirigente socialista votó a favor:

En primer lugar, la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). Una macro obra del alcalde Cascallana que nunca llegó a completarse. La empresa no reflejó como debía en sus cuentas el sobreprecio por las sentencias definitivas de las expropiaciones del Ensanche Sur.

En segundo término, las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur. Según el fiscal, «no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámite administrativos legalmente previstos». En este punto, el fiscal explica que la insolvencia vino por «el sobreprecio existente en la facturación que Gesmansur presenta a Emgiasa», cuantificada en 1,5 millones de euros.