El alcalde de Valencia prometió dimitir si era imputado: hoy ya lo está por prevaricación

Joan Ribó, alcalde de Valencia, tiene un problema. Si es hombre de palabra, tendrá que dimitir después de que este lunes haya sido citado a declarar como investigado (imputado) por un juzgado de la ciudad del Turia tras haber sido denunciado por el Grupo Popular por negar información a la oposición sobre una polémica encuesta sociológica realizada en 2017 al mundo fallero que incluía preguntas sobre intención de voto y creencias religiosas.

Ribó, de Compromís, tendrá que declarar por delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos el próximo día 25 ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.

En marzo de 2016, Ribó declaraba que si en alguna ocasión resultaba investigado «no por el fiscal, sino por el juez, pues evidentemente se ha de presentar la dimisión. Esto nos lo debemos aplicar todos. Es una cuestión lógica y normal. No es que esté dispuesto a dimitir, es que estoy obligado a dimitir y eso es coherente».

Ante sus propias palabras

Sus palabras de entonces le ponen ahora ante la tesitura de cumplirlas, después de que un asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento denunciara al alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a una encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017.

Sin embargo, no parece que así vaya a ser. Este lunes, el equipo del alcalde ha salido al paso de la imputación asegurando que no creen que sea «una casualidad» que se haya conocido la investigación al primer edil el mío día que se ha publicado la sentencia de la Gürtel valenciana.

Ribó tendrá que declarar por delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos

La declaración del alcalde es la primera diligencia acordada por el instructor de la investigación abierta para determinar si los hechos denunciados por el asesor popular son constitutivos de delito.

La encuesta sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El pasado mes de marzo, el PP ya denunció ante los medios que Joan Ribó utilizaba recursos públicos para recurrir el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción muy grave al encuestar a los falleros sin autorización sobre su ideología política, sentimiento nacional o creencias religiosas. Tal es así que la AEPD impuso al Consistorio una multa de más de 300.000 euros.

Casi mil entrevistas

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València entre mayo y junio de 2017 y cuyo coste no pudo concretar en la rueda de prensa de presentación el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, también de Compromís.

Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran «absolutamente razonables» y que la polémica se trataba de «una tormenta en un vaso de agua».