España
Ley del 'sólo sí es sí'

Agresores sexuales de 10 comunidades autónomas ya se han beneficiado de la Ley Montero

Tribunales de 10 comunidades autónomas ya han aplicado la ley Montero del sólo sí es sí para rebajar las penas de prisión a agresores sexuales. Sin tener en cuenta las condenas que han llegado tras la entrada en vigor de la ley, son ya 40 los abusadores y violadores -ahora todos son denominados agresores- que se ha beneficiado a lo largo y ancho de la geografía española: cuatro en Galicia, cuatro en Castilla y León, cinco en Cantabria, uno en Asturias, 20 en Madrid, uno en Canarias, uno en Castilla-La Mancha, dos en Baleares, uno en Murcia y uno en Andalucía. Diez de ellos han tenido la fortuna de ser excarcelados.

Muchas de las audiencias provinciales ya se han mostrado, por tanto, partidarias de aplicar la nueva ley y no seguir el criterio de la Fiscalía General del Estado (FGE), que pedía que no se rebajasen las penas. Este mismo martes el Tribunal Supremo ha comenzado a establecer jurisprudencia con la sentencia que rebaja un año a los dos jugadores del conocido como caso Arandina, ya que, a la vez que aumentaba su pena, el Alto Tribunal explicaba que la rebajaba en un año por la aplicación de la ley Montero.

Las Audiencias de Madrid, Zaragoza, Málaga, Granada, Vizcaya, Valladolid, Córdoba, Alicante, Murcia, Almería, Cantabria, Burgos, Cáceres, Salamanca y Zamora ya han comunicado públicamente que revisarán individualmente las condenas de agresores sexuales en base a la aplicación de la nueva ley. También el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido revisar a la baja condenas por delitos sexuales.

En Málaga fue la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, quien explicó en una charla con periodistas que «se analizarán las causas que tenemos en ejecución de penados que están cumpliendo su condena».

La Audiencia Provincial de Córdoba también decidió revisar de oficio todas las condenas por delitos sexuales que pudieran verse afectadas por la aplicación con carácter retroactivo de la pena más favorable para reo. Lo mismo ocurrió en Granada, donde ya hay una rebaja favorable a un preso que estaba condenado a 13 años y medio de cárcel por violar a su ex esposa tras amenazarla con un cuchillo y gracias a la nueva ley se quedó en 11 años. Mientas tanto, en Almería se revisan ya de oficio unas 70 sentencias aplicando la disposición más favorable a los condenados.

En el País Vasco, sólo Vizcaya ha decidido revisar de oficio las condenas a agresores sexuales conforme a la nueva ley, al igual que Zaragoza. El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, también anunció que se revisarán las condenas susceptibles de ser rebajadas.

Valencia y Alicante también se disponen a revisar sus sentencias, al igual que Murcia, que ya cuenta con un preso que ha obtenido una rebaja. En el caso de la comunidad de Cantabria, ya ha respondido afirmativamente a la revisión de condenas, ya que tiene hasta cinco beneficiados por la Ley Montero.

Con la Fiscalía

Otras Audiencias Provinciales han decidido seguir el criterio de la Fiscalía General del Estado y, por ejemplo, Navarra anunció este lunes que no rebajará las condenas cuando las penas que fueron impuestas estén contempladas dentro de la nueva Ley. El interés de Navarra está en que el condenado de La Manada que recurrió su pena puede quedarse como estaba.

En Las Palmas tampoco aplicarán el beneficio de la nueva Ley para los condenados o al menos no se tramitarán de oficio. En la comunidad de La Rioja los tribunales no han rebajado las penas de los casos ya revisados y su norma es no estudiar las condenas que estén dentro de la horquilla marcada en la nueva ley, tal y como estableció el criterio de la Fiscalía.

Hay que recordar que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí, ha provocado la reducción de las penas de decenas de agresores sexuales. Bien porque los condenados están solicitando la revisión de sus penas, bien porque los nuevos condenados lo son con la aplicación de una ley que fija horquillas inferiores. Tanto en un caso como en otro, los agresores sexuales están saliendo beneficiados por la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ella negó que su iniciativa fuera a provocar una reducción de penas y se limitó a zanjar el asunto como «propaganda machista».