Las actas del cerrojazo del Congreso: Lastra se oponía hasta que Sánchez decretó la alarma

Dos días después del infectódromo del 8M y con los contagios ya disparados, sobre todo en Madrid, el Partido Socialista se manifestaba contrario al cierre de Congreso de los Diputados allá por el 10 de marzo de 2020, apenas tres días antes de que Pedro Sánchez anunciara el estado de alarma y cuatro de que el Consejo de Ministros lo decretara en una sesión extraordinaria. Así lo atestiguan las actas -a las que ha tenido acceso OKDIARIO- de la Junta de Portavoces celebrada aquel día en la Cámara Baja.

Sin embargo, con la alarma decretada, el PSOE viró e hizo todo lo posible para que el Congreso, presidido por la socialista Meritxell Batet, no acogiera sesiones de control al Gobierno -una función del Parlamento recogida en la Constitución- en el primer mes de dicho estado excepcional. Un ligero aumento de la presencia de diputados -que ya era mínima- para celebrar el control fue rechazado y calificado por la socialista Adriana Lastra como un «boicot al confinamiento», como publicó OKDIARIO. Para entonces, Pedro Sánchez ya había impuesto su estado de excepción encubierto.

Entre el miércoles 11 de marzo de 2020, que se suspendió la sesión de control tras los positivos en el grupo parlamentario de Vox y atendiendo a las «recomendaciones de las autoridades sanitarias», no volvió a celebrarse otra dación de cuentas del Gobierno a preguntas de los diputados hasta el 15 de abril.

«Simple posposición»

En aquella Junta de Portavoces del 10 de marzo, a la que no asistió nadie de Vox, la entonces portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, llegó a decir a la del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que la suspensión de la sesión plenaria de aquella semana, con el control al Gobierno previsto para el 11 de marzo, era una «simple posposición para hacer frente a la nueva coyuntura y para garantizar la seguridad de todo el personal». Ello, «coincidiendo en que no debe cerrarse el Parlamento», recoge el acta de la Junta sobre las palabras de Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

Previamente, Álvarez de Toledo había expresado su «preocupación por el efecto de las medidas que se están planteando y que no se corresponden con las aplicadas en otros Parlamentos, como el francés, donde también ha habido casos de contagio y no se ha suspendido la actividad».

Asimismo, la Mesa del Congreso -controlada por PSOE y Podemos- del 19 de marzo, nueve días después, con España ya en estado de alarma hacía  cinco días, ordenó la suspensión de los plazos reglamentarios para la tramitación de iniciativas. Ante ello, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, subrayó que dicha decisión iba «en contra de lo que dispone el artículo 1.4 de la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio», según el cual «la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

«Latente»

Durante un mes el Congreso estuvo en un estado «latente», denunció la oposición, y sólo se abrió para la comunicación del estado de alarma, las prórrogas y la convalidación de decretos-leyes de medidas socioeconómicas frente al coronavirus. No hubo control de los grupos al presidente y los ministros.

Sin embargo, el artículo 116.6 de la Constitución es claro al respecto: «La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes». Un principio de responsabilidad que radica, por ejemplo, en lo establecido por el artículo 111 del Título V de la Carta Magna (llamado ‘De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales’), cuya literalidad es la siguiente: «El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal», añade el citado precepto. En cambio, en todo un mes no hubo ni un solo segundo para ello.

El Tribunal Constitucional está ultimando el fallo sobre el recurso de amparo que presentó Vox contra los acuerdos adoptados por los órganos rectores del Congreso -controlados por PSOE y sus socios- que limitaron la actividad parlamentaria. La semana pasada trascendió que el Pleno del máximo intérprete de la Carta Magna se inclina por declarar inconstitucionales tales acuerdos, si bien todavía no puede darse nada por válido hasta que se produzca la comunicación del fallo.