La Abogacía del Estado cede a la presión del Gobierno: sólo acusará por sedición y malversación

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Joan Guirado

Los independentistas pedían un gesto en el ámbito judicial a Pedro Sánchez para garantizar la estabilidad de su gobierno y ya lo tienen: la Abogacía del Estado sólo acusará a los procesado del 1-O por sedición y malversación, no por rebelión, como hará la Fiscalía.

De esta forma, la Abogacía del Estado se desmarca del Ministerio Público que, aunque sea un cargo nombrado también por el Gobierno, sí mantiene su independencia judicial, y no acusará de rebelión a los líderes del golpe. Al servicio del Ejecutivo, la Abogacía considera que no existe el delito de rebelión en los hechos ocurridos entre el 20 de septiembre del año pasado y el 1 de octubre.

La posición de la Abogacía del Estado concuerda precisamente también con las manifestaciones en los últimos días del presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ponían en duda que los líderes independentistas procesados hubiesen cometido un delito de rebelión. Una alineación que llega en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, imprescindibles para garantizar la estabilidad del ejecutivo, y necesarios para que Sánchez se pueda mantener en La Moncloa.

Además, el gesto tan reivindicado por los independentistas, que aún así piden la libre absolución de los acusados, se produce pocos días después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias -actuando como portavoz del Presidente del Gobierno-, se reuniera en la cárcel con el presidente de ERC Oriol Junqueras y hablara por teléfono con el ex presidente Carles Puigdemont.

Como la Fiscalía, la abogacía del Estado también disponía de tiempo hasta el lunes para presentar su escrito de acusación, pero prefiere no esperar y hacer coincidir petición con la del ministerio público, el mismo día que se cumple un año del encarcelamiento de gran parte del gobierno de la Generalitat.

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