Estado de alarma

Abascal afirma que las declaraciones del número 2 de la Guardia Civil son el «inicio de un golpe de Estado»

Vox anuncia acciones legales "urgentes" contra el ministro Marlaska y el general José Manuel Santiago

El ministro del Interior achaca a un "lapsus" las palabras del jefe del Estado Mayor del Instituto Armado

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado con dureza las palabras del jefe del Estado de Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, al afirmar que están trabajando en «minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno».

En varios mensajes a través de Twitter, Abascal ha parodiado la «alerta antifascista» que lanzó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras el espectacular con el resultado de Vox en las elecciones andaluzas y ha lanzado una «alarma democrática» al considerar que las declaraciones del número dos de la Guardia Civil suponen «el inicio de un golpe de Estado del propio Gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución».

«Todo ello demuestra», ha añadido Abascal en un segundo mensaje, «que no nos habíamos equivocado en nuestro análisis: al menos una parte del Gobierno (y desde luego todos sus socios) están trabajando en destruir la democracia y arruinar a la nación para implantar una dictadura chavista».

Abascal considera que Sánchez y su socios están utilizando a la Guardia Civil para perpetrar sus planes de silenciamiento de los medios de comunicación críticos. En un tercer mensaje deja muy claro que «debemos exigir juntos la dimisión de este Gobierno mentiroso y despótico que ha traspasado todos los límites. El Gobierno quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por los españoles, la Benemérita. Están dinamitando la Constitución y la democracia».

Abascal explica que «las Fuerzas de Seguridad de Estado están para perseguir los delitos y no para convertir en delito el ejercicio de la oposición ni para minimizar las críticas al gobierno. Un gobierno, en este caso, que con esta orden ilegal ha traspasado todos los límites».

Anuncia, además, que «en primer lugar iniciaremos acciones legales contra el ministro y contra ese general, que ha reconocido públicamente un delito gravísimo contra la libertad de expresión, que es un derecho fundamental».

Serán «acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate, porque son, evidentemente, ilegales al tratar de proscribir e ilegalizar de facto la oposición democrática y la crítica al Gobierno».

El líder de la tercera fuerza política de este país concluye con «un llamamiento a todos los españoles: han dejado morir a miles de personas por su negligencia y sectarismo. Nos están arruinando. Y mientras estamos confinados nos están amordazado. No tienen un plan para los españoles. Su único plan es el poder sin límites».

Respuesta de Marlaska

Posteriormente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intentado matizar las palabras del general Santiago al calificar de «lapsus» sus palabras.

«Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la conferencia de presidentes. Si esas son las expresiones que ha proferido, ha debido de ser un lapsus del general al contestar», ha afirmado el ministro en rueda de prensa celebrada este domingo en Moncloa.

Vox anuncia acciones legales

Vox ha anunciado que interpondrá «acciones judiciales urgentes» contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, después de que este último dijera que trabajan para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

A juicio de la formación que lidera Santiago Abascal, se «ha reconocido públicamente un delito gravísimo contra la libertad de expresión que es un derecho fundamental». «Esto es, de hecho, el inicio de un golpe de Estado del propio Gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución», señala Vox en su cuenta de Twitter.

También afirman que interpondrá «acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate», ya que, según asegura, son «ilegales» al tratar de «proscribir e ilegalizar de facto la oposición democrática y la crítica al Gobierno».

 

 

 

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