Sánchez quiere liquidar la Fundación que administra el Valle de los Caídos para tomar el control

El Gobierno de Pedro Sánchez es partidario de liquidar la Fundación de la  Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 por un decreto franquista, y encargada de gestionar «con plena personalidad jurídica» los bienes del Valle, sus edificios y mobiliario, a través de la comunidad benedictina allí instalada.

Los socialistas plantearon el asunto hace unos meses en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y fue rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Sin embargo, se dio la circunstancia de que los diputados independentistas no estaban presentes en la votación. De ser así, la propuesta habría salido adelante, al sumar los votos a los de PSOE y  Podemos.

La Fundación está regida por un decreto-ley de 1957, que establece que es la encargada de administrar el Valle. Dejar sin efecto dicho decreto es importante, porque permitiría al Gobierno tomar el control sobre la administración del conjunto monumental y sobre todo con vistas a facilitar las exhumaciones en el lugar.

Una de las vías sería recurrir a la ley de 1982, cuya disposición final tercera establece que «se autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, regular las materias objeto del decreto-ley de 1957 con las finalidades siguientes: adecuar la Fundación a los preceptos de la ley de patrimonio y establecer un nuevo régimen jurídico de sus bienes, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado y proveer, especialmente al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas». 

En el informe del Comité de Expertos para el Valle de los Caídos, encargado en su día por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para, entre otros, analizar la viabilidad de las exhumaciones, se aconsejaba convertir la Fundación «en un Real Patronato, lo que «colocaría la institución bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas».

Mantener el Valle de los Caídos le cuesta al Patrimonio Nacional 1.836.325 euros anuales, según una respuesta del Gobierno de junio de 2017, incluyendo en esa cantidad la subvención de 340.000 euros que recibe la abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El coste se refiere, además de a esa subvención, a los gastos de mantenimiento, suministros, personal y seguridad.

Mediante ese convenio de 1957, Franco atribuyó la gestión y administración del Valle a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado.

Estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de ese convenio suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958 entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos. Ello, previo decreto de establecimiento de la Abadía por el papa Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado.

Esta orden religiosa se encarga, entre otros, de mantener el culto, de la dirección de un centro de estudios sociales y del cuidado de la hospedería.

En su informe de recomendaciones, los expertos designados por el PSOE planteaban, sobre esta comunidad benedictina, «que no es el momento de juzgar si a la altura de los tiempos es posible el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio por la Comunidad Benedictina», pero, añadía, «lo que sí parece digno de atención es que algunas de dichas obligaciones, se cumplan o no, no son las adecuadas a los tiempos actuales y a un Estado aconfesional como se configura España».