El Tribunal de Cuentas condenará a Mas y Homs a pagar los 5 millones que costó el 9-N

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está elaborado una sentencia que exigirá al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a tres de sus consellers (Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau) que paguen de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización del referéndum ilegal de independencia celebrado el 9-N de 2014.

La encargada de redactar como ponente este dictamen es la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia entre 1996 y 2000, durante la primera legislatura del presidente José María Aznar.

Mariscal de Gante es magistrada y ha sido, además, vocal del Consejo General del Poder Judicial (1990-1996) y presidenta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Dotada de una sólida formación jurídica, fue elegida en 2012 por el Senado para ocupar su actual puesto en el Tribunal de Cuentas.

La Sección de Enjuiciamiento de la que es miembro la ex ministra está formada por otros dos consejeros: José Manuel Suárez Robledano (elegido a propuesta del PP) y Felipe García Ortiz (elegido a propuesta del PSOE).

Ya han sido inhabilitados

Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau ya han sido inhabilitados por la Justicia para ocupar cargos públicos, condenados por un delito de desobediencia como máximos responsables de la convocatoria del referéndum ilegal que había sido prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional. En el caso de Mas, ha sido condenado a dos años de inhabilitación.

En el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en el caso de Homs, en el Tribunal Supremo, pues en ese momento tenía la condición de aforado como diputado nacional), la Fiscalía evitó acusarles de un delito de malversación por emplear fondos públicos en la organización del referéndum ilegal.

Sin embargo, el pasado 2 de junio la Fiscalía dirigió un escrito en el que solicitaba la Tribunal de Cuentas que designe un instructor para determinar si los cuatro dirigentes del PDeCAT incurrieron en un supuesto de malversación contable.

Aunque esta figura no tiene relevancia penal (es distinta al delito de malversación de fondos públicos), puede acarrear la obligación de devolver el dinero de la Administración gestionado sin amparo legal. El Ministerio Público asumió así la petición que habían planteado Sociedad Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución.

Desobedecieron al Constitucional

En su escrito dirigido al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía cifra en al menos 5.129.833 euros el dinero público gastado por la Generalitat en el referéndum ilegal, una cifra que fue reconocida por Artur Mas en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Ejecutivo autonómico gastó de forma ilegal 2,8 millones en la compra de los ordenadores utilizados para realizar el escrutinio, 1,1 millones en otros servicios informáticos, algo más de 800.000 euros en la campaña de publicidad institucional y 307.000 euros para mandar la documentación a los potenciales votantes.

Del mismo modo, el Govern de Artur Mas gastó 70.000 euros en la elaboración de las papeletas y 14.800 euros en la puesta en marcha de una página web para promocionar el referéndum ilegal.

La Fiscalía señala que el Ejecutivo de Mas aprobó estos desembolsos en una consultaba que entraba en «franca contradicción con la Constitución, desprovista de soporte presupuestario y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional».

El próximo, Carles Puigdemont

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tiene la potestad de dictar sentencias y autos en juicios de responsabilidad contable sobre el empleo de fondos públicos. Como ocurre con el caso de Artur Mas, este tipo de procedimientos se puede resolver con la condena a devolver el dinero público gastado de forma ilegal.

La sentencia que Margarita Mariscal de Gante prepara como ponente constituye además un toque de atención para los miembros del actual Govern presidido por Carles Puigdemont, que se dispone a convocar en las próximas semanas, un nuevo referéndum ilegal de independencia previsto para el próximo 1 de octubre.