El referéndum ilegal que urde Puigdemont permite votar varias veces

«La Generalitat no ha resuelto ni la mitad de los puntos que presentó en la Ley del referéndum». Lo aseguran a OKDIARIO dirigentes de Junts pel Sí y también un consejero que prefiere guardar el anonimato por temor a que el presidente Carles Puigdemont le ‘purgue’ como a Jordi Baiget, el consejero destituido por poner en duda la viabilidad del referéndum.

Con su destitución, Puigdemont buscó el cierre de filas en el Govern. Y con la presentación de la ley pretendía insuflar ánimos a los suyos en la recta final. O eso se creía él. Un día después, las críticas internas siguen. Fuentes del Junts pel Sí y del Ejecutivo catalán confiesan a OKDIARIO los puntos negros de una ley que ni ellos mismos creen que podrá llevarse a cabo.

1. Una persona podrá votar varias veces

La Generalitat no dispone, por el momento, del programa informático necesario para evitar que una misma persona vote varias veces. Se necesita un sistema informático capaz de cruzar los datos de las distintas mesas de votación de forma inmediata para asegurarse que no habrá fraude y cada ciudadano acuda a votar solo a su mesa correspondiente.

Fuentes de la Generalitat aseguran que esto se evitará mediante un listado oficial de electores y que los voluntarios, en este caso, impedirán votar más de una vez a los ciudadanos que ya lo han hecho en sus correspondientes colegios. Pero admiten que el «error humano» puede estar presente en algunas ocasiones. De tal forma que si un ciudadano acude a votar a otro municipio y los voluntarios no se percatan de este detalle en su DNI, podría votar de nuevo. Esto ya sucedió en el 9N con algunos votantes que grabaron la irregularidad para dejar constancia pública.

La Generalitat no dispone, por el momento, del programa informático necesario para evitar que una misma persona vote varias veces

Otro ejemplo reciente ha sido la página web del Pacto por el Referéndum, que permite adherirse varias veces, con distintas identidades y desde cualquier parte del mundo.

Desde el Gobierno central explican que la adquisición del programa informático que coteja los datos del censo y los cruza para evitar el fraude en las votaciones también tiene que salir a concurso. Así y como ya sucedió con las urnas, las fuerzas independentistas lo tienen difícil con una Fiscalía vigilante ante este tipo de actuaciones.

2. Sin urnas ni papeletas

Fuentes de la Generalitat explican que el punto negro en este caso reside en «convencer hasta el último momento» a las empresas ya licitadas, como ocurre con las del material electoral, para que no se echen atrás cuando la Fiscalía General del Estado les advierta de posibles consecuencias si colaboran con el referéndum ilegal.

Algo que ha pasado desapercibido es que el concurso de material electoral está resuelto y Puigdemont ya cuenta con cuatro empresas homologadas. Tompla Industria Internacional del Sobre, con sede en Madrid, y Domènech Mirabet, que tiene las oficinas en L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) son las encargadas de fabricar los sobres del referéndum; Formsystem Documentos Inteligentes (con sede en Madrid) e Impresiones Transkrit (Pasaia, Guipúzcoa) son las encargadas de fabricar las papeletas y el manual de instrucciones para los miembros de las mesas y Formsystem Documentos Inteligentes para los impresos electorales.

Este concurso no se puede recurrir porque, en realidad, la Generalitat lo licitó para unas elecciones genéricas con un importe de 75.714,26 euros y una duración de cuatro años. A partir de aquí, la Fiscalía estará vigilante porque si Puigdemont decide encargarles material específico para el referéndum, como las papeletas con la pregunta, actuará de oficio invalidando este proceso. Y lo mismo sucede con las urnas. La Generalitat licitará las empresas por concurso directo al no atreverse a avalar el procedimiento público bajo la firma de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, quien ya tiene una querella abierta del TSJC por el caso.

3. Una sindicatura electoral sin jueces

La ley del referéndum anuncia la creación de la sindicatura electoral de Cataluña que se adscribirá al Parlament. Explican que estará formada por cinco juristas o politólogos (con mayoría de juristas) elegidos por el Parlament por mayoría absoluta, entre los que elegirán su presidente y secretario.

En la totalidad de los regímenes democráticos, las juntas electorales están formadas por jueces designados por sorteo

En la totalidad de los regímenes democráticos, las juntas electorales están formadas por jueces designados por sorteo. Las fuerzas independentistas no han podido convencer a los jueces para que estén al frente de este órgano. Por lo que tampoco valdría un ‘dedazo’ con magistrados favorables con el referéndum, circunstancia que, además, rompería el principio de neutralidad. Los más escépticos de Junts pel Sí admiten que, a estas alturas, ya es tarde para aprobar una ley electoral que ‘legalice’ el proceso porque, entre otras, es necesaria una mayoría de dos tercios en la Cámara.

4. Locales sin alquilar

Puigdemont explicó que los ayuntamientos están obligados a ceder a la Generalitat los locales usados habitualmente en los procesos electorales. Sin embargo, en caso de no hacerlo, podrá habilitar locales alternativos en sustitución de éstos.

Fuentes cercanas al Govern desvelan que todavía no han elaborado una lista con los locales que se deberán alquilar en los municipios donde sus alcaldes se nieguen a colaborar. Otro de los temores de Junts pel Sí reside en que los ciudadanos se pierdan y no sepan localizar estos puntos de votación. Los de Puigdemont tampoco han hablado sobre las posibles sanciones a todo aquel que se niegue a participar y reconocen que «eso todavía se está estudiando».

5) ¿QUIÉN FIRMARÁ EL DECRETO DE CONVOCATORIA?

La ley del referéndum no especifica quién firmará el decreto de convocatoria de la consulta separatista. El documento detalla que será «el Gobierno, el presidente o algún consejero» quien habilite el Decreto de Normas Complementarias para regular los detalles del referéndum.

Aquí reside el quid de la cuestión. Como ha venido contando OKDIARIO, son pocos los dirigentes que se prestan a firmar este tipo de documentos sabiendo el horizonte judicial que les aguarda. «Nadie quiere estar inhabilitado para las elecciones», sostienen las fuentes consultadas.