Varios jueces del Supremo piensan en presentarse para sustituir a Marchena tras el bloqueo Arreita-Ferrer
Fuentes jurídicas señalan que existen vetos cruzados entre los vocales del CGPJ
La presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sigue vacante tras la marcha del magistrado Manuel Marchena, que abandonó el cargo en diciembre de 2024 tras dos mandatos al frente. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la potestad de realizar el nombramiento de esta sala clave del Alto Tribunal encargada de la jurisdicción penal y en la que se enjuician a políticos aforados. Fuentes del Órgano de Gobierno de los jueces aseguran que existe un bloqueo entre los dos bloques de vocales y que la plaza podría salir de nuevo a concurso para que se presenten nuevos candidatos. Varios jueces de la Sala Segunda ya estarían barajando esta opción.
El nombramiento de los presidentes de la Sala Segunda y la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha estancado en el CGPJ. Los vetos cruzados, que ya existieron al nombrar la presidencia del Poder Judicial y del Supremo, se están volviendo a producir. En el caso de la Sala Segunda, los candidatos que optan a la plaza son los magistrados Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Éste último ha asumido la presidencia en funciones tras la marcha de Manuel Marchena, que no podía continuar en el puesto tras ostentarlo durante dos mandatos consecutivos.
El bloque de derechas del CGPJ opta por Martínez Arrieta, mientras que el ala izquierdista apuesta por Ana Ferrer. Los representantes del Poder Judicial que optan por Ferrer defienden que exista paridad y que las mujeres accedan a la cúpula de la Carrera. El criterio de paridad seguido por los vocales establece que se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ninguno de los sexos supere el 60% ni sea inferior al 40%.
Los vocales izquierdistas también esgrimen que, en caso de apoyar a Martínez Arrieta, no podría culminar el mandato al jubilarse en dos años. Lo mismo ocurre en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde Pablo Lucas también tendrá que abandonar el Supremo por jubilación en dos años, pero quiere continuar al frente de la presidencia de esta Sala encargada de los asuntos de lo Contencioso-Administrativo.
Las posiciones de ambos lados están muy alejadas del consenso necesario. Se necesitan 13 de 21 votos -una mayoría de tres quintos- para cualquier nombramiento y cada bloque tiene 10 votos, a los que hay que sumar el de la presidenta Isabel Perelló. En estos momentos, existe un empate de 10 vocales a 10 en el Pleno.
Los nombramientos de las otras Salas del Tribunal Supremo fueron más fáciles, ya que sólo había un único candidato que optaba a la plaza. Ahora, los vocales del órgano de Gobierno de los jueces, que en este mandato tienen dedicación exclusiva en el CGPJ, tendrán que negociar los nombramientos de las salas del Supremo vacantes.
Nuevos candidatos
El bloqueo y empate entre los únicos dos candidatos de la Sala del Tribunal Supremo que han optado a la plaza podría hacer que se sacara de nuevo a concurso. De este modo, serán otros magistrados de la Sala los que tendrán que presentarse. Fuentes consultadas aseguran que algunos de los togados no lo hicieron en la primera convocatoria «por respeto» a Andrés Martínez Arrieta, el magistrado más antiguo de la Sala.
De este modo, el nuevo presidente estaría entre los otros nueve jueces que componen la Sala de lo Penal. La lista de posibles magistrados a la plaza son Susana Polo, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena y Vicente Magro. También los jueces Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Antonio del Moral, Eduardo Porres, Ángel Hurtado, Leopoldo Puente y Javier Hernández, podrían optar a la plaza. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en asuntos penales. Tendrán que presentar libremente su candidatura en caso de que se abra un nuevo proceso en los próximos meses.
Sala clave para el Gobierno
La Sala de lo Penal es uno de los departamentos del Supremo más sensibles para el Gobierno. Actualmente, en este ámbito están investigados el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el ex ministro socialista José Luis Ábalos. La primera instrucción corre a cargo del magistrado Ángel Hurtado y fuentes judiciales aseguran que no se prevé que se alargue en exceso en el tiempo. Por su parte, la segunda causa especial se abrió hace tan sólo unas semanas y están previstas decenas de declaraciones en el marco de la investigación judicial.
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