Yolanda Díaz pide a Casado que no bloquee la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna el PP

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este lunes en el Congreso al PP y a Pablo Casado a «pensar y repensar» su intención de «bloquear» la futura aplicación de la nueva Ley de Vivienda en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna. «El PP se equivoca y habrá tiempo de que los españoles le saquen de su error», ha dicho durante la inauguración de unas jornadas sobre la nueva ley en el Congreso, acompañada de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Y es que Díaz ha lamentado que el PP considere que «electoralmente le sale rentable bloquear su aplicación» y que se anuncien como «rebeldes» pese a que, como gobernantes, ha dicho, «tienen que hacerse cargo de los problemas» de los ciudadanos, según informa Europa Press.

«Ya veremos lo que acaban haciendo y cuál es el veredicto de la ciudadanía cuando se abran las urnas», ha apuntado la vicepresidenta segunda, tras reivindicar que la nueva Ley de Vivienda y la regulación del precio de los alquileres «no está en contra del mercado, sino contra la especulación y el abuso».

Díaz ha asegurado que la norma «tiene voluntad de contar con los pequeños propietarios de vivienda», pues busca «el equilibrio» y «no puede enfrentar a propietarios e inquilinos». En este sentido, ha criticado como «insultante desconfiar tanto de los inquilinos como de los pequeños propietarios».

Finalmente, Díaz ha defendido la nueva norma por implicar «una política de familia diferente» y también una política de futuro y «el derecho a la autonomía y a un futuro» de los jóvenes» frente a una situación de precariedad laboral y de imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Colau avisa a Sánchez

Ada Colau ha ensalzado a las ministras de Unidas Podemos por persistir en «arrancar» estas medidas dentro de la futura Ley de Vivienda que se «dilataba», dado que el PSOE era «reacio» a cambios al ser «muy cercano», como el PP, al sector inmobiliario.

Eso sí, Colau ha subrayado que las «presiones» contra este proyecto de ley serán «muy fuertes» por parte de los sectores especulativos y ha exhortado a Unidas Podemos a estar «muy vigilante» durante el trámite parlamentario de la normativa.

Concretamente, teme que el PSOE tenga la «tentación» de «dilatar» dicha tramitación, que es la forma de «boicotear» que una ley salga adelante», cuando su aprobación en el Congreso es «urgente» al «haber vidas en juego». De esta forma, se ha dirigido al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dejar claro que el acuerdo en la coalición está para «cumplirse» y que la Ley de Vivienda no puede ser «recortada ni descafeinada».

«La negociación más difícil»

Durante su intervención, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha situado la negociación con el PSOE para sacar adelante como «la más difícil». «Quizás», ha apostillado, «porque la vivienda ha sido siempre el gran negocio español, redondo para el sector inmobiliario y bancario».

«No hace falta insistir en que si esta ley hubiese dependido única y exclusivamente de Unidas Podemos, habríamos llegado más lejos y habríamos llegado antes», ha subrayado Belarra, asumiendo que «nunca nada es suficiente», pero que el acuerdo llega «muy lejos», pues supone «un cambio de paradigma» y que «por primera vez la vivienda va a pasar de ser un bien de mercado a un derecho».

Además de posibilitar la intervención en el mercado del alquiler, la secretaria general de Podemos ha destacado la reserva del 30% en nuevas promociones o rehabilitaciones para vivienda protegida, y al menos la mitad de ese porcentaje a alquiler social, la posibilidad de aplicar recargos en el IBI de hasta el 150% para movilizar vivienda vacía o la prohibición de vender vivienda protegida.

En este sentido, ha destacado la importancia de esta medida «cuando hay instituciones que se declaran en rebeldía para cumplir sentencias judiciales», en referencia a la Comunidad de Madrid, condenada a recuperar las casi 3.000 viviendas sociales a un fondo propiedad de Goldman Sachs y Azora en la anterior crisis.