Ximo Puig se cargará por ley las concesiones sanitarias a pesar del ahorro y la calidad del servicio

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha confirmado los peores temores de los trabajadores de los hospitales públicos que operan con gestión privada en la región. La política del PSOE amiga de Pedro Sánchez ultima una reforma legislativa para acabar con el régimen concesional en el sector sanitario valenciano, a pesar de que informes internos del propio gobierno autonómico constatan que este sistema de gestión (el denominado modelo Alzira) tiene mejores indicadores de calidad de servicio y, además, ahorra dinero a los contribuyentes valencianos.

Montón ha admitido en un acto en Madrid organizado por Europa Press que el ejecutivo regional de Ximo Puig modificará la Ley de Salud autonómica para revertir los contratos con las empresas concesionarias, algo que ya avanzó en su decisión discrecional de romper el acuerdo con los gestores del Hospital de la Ribera. Bajo la excusa de que el modelo “100% público sea la fórmula preferente”, el plan de Montón es desmantelar el sistema sanitario valenciano.

En el marco de este plan, la nueva normativa obligará a la administración regional a «no prorrogar los contratos de gestión de servicios públicos para la asistencia integral de los departamentos de salud de las concesiones».

«Es el compromiso colectivo de un gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio», ha señalado la consejera utilizando la misma demagogia que llevó a su número tres, el subsecretario Ricardo Campos, a llamar “tropa” a los profesionales sanitarios que trabajan en el sector privado y “parásitos” a las compañías sanitarias.

El primer damnificado será el Departamento de Salud de Alzira que «tendrá gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, cuando finaliza su contrato». Montón ha garantizado que los actuales empleados mantnedrán sus puestos de trabajo, aunque la verdadera intención del PSOE valenciano es crear una bolsa de empleo para “colocar a familiares y amigos”, tal como admitió el ya dimitido comisionado de la consejería de Sanidad para el hospital de La Ribera, Josep Sanfeliú.

Campos avanzó también el ardid legal que va a utilizar para poder sacar de sus puestos de trabajo a los profesionales sanitarios actuales: “Vamos a subrogar los contratos de los trabajadores y, luego, cuando se haga la plantilla (…) saldrá a concurso público”. Y en este proceso se penalizará a los empleados que provengan del sector privado contabilizándoles menos puntos en el concurso por cada año trabajado respecto a los trabajadores que hayan opositado.

A pesar de esta ofensiva contra las empresas sanitarias, Montón ha intentado eludir las críticas considerando que “defender lo público no es atacar lo privado” y defendiendo la “complementariedad” de ambos modelos. La trampa argumental es contraponer el sistema público con el privado, ya que todos los hospitales valencianos son públicos, y la diferencia es que algunos son gestionados por empresas concesionarias registrando, además, los mejores resultados.

Ademas, la consejera ha manifestado la necesidad de aumentar el gasto público en sanidad (obviando que el modelo Alzira genera un ahorro de más del 20% a las arcas regionales) y ha aprovechado para pedir al Ministerio de Hacienda “una financiación justa porque tenemos 12.000 millones de infrafinanciación acumulada en los últimos 10 años».

CSIF denuncia prevaricación y tráfico de influencias

Montón no ha hecho referencia a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias que se está produciendo en la sanidad valenciana según el sindicato CSIF, que estudia presentar una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción. Además, los escándalos del equipo de la consejera están generando mucha preocupación en las filas del PSOE valenciano y varios parlamentarios han pedido al presidente Ximo Puig que cese a Montón para que no le arrastre en su caída.

Y la gestión de Montón ya le está pasando factura a Puig. La semana pasada el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Valenciano, Alexis Marí, reprochó a Puig “el caos y el desastre absoluto y total”en el que está inmersa la consejería de Sanidad y ha centrado su ataque en la gestión de Montón que “sigue con su obsesión sectaria de revertir un modelo público–privado por oposición a todo lo privado sin fijarse en los resultados”.

Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana revela que el modelo concesional genera un 21% de ahorro al gasto sanitario público (42 millones de euros que se convertirían en 250 millones si se hiciera extensible a la totalidad de los hospitales valencianos), una satisfacción del 85% de los pacientes (frente a la tasa del 81% del total de los asistidos en la comunidad autónoma), un cumplimiento de las inversiones realizadas del 98,8% y todo ello con prácticamente los mismos facultativos por habitante y un coste de personal un 11,3% inferior al gasto medio por empleado del conjunto de la sanidad regional.

Esas son las cifras que avalan el modelo Alzira contra el criterio del ejecutivo autonómico valenciano y que pone en evidencia la carencia de argumentos de la consejera Carmen Montón, para atacar un modelo de gestión que se estudia en la Universidad de Harvard como un caso de éxito singular en este sector.