Las VTC recuerdan a autonomías y ayuntamientos que si restringen su negocio pedirán 4.000 millones de indemnización

Unauto VTC, la asociación que agrupa al 90% del sector que compite con los taxis en España, ha emitido un comunicado este martes para exigir prudencia a las autonomías y los ayuntamientos que les reclama que no adopten medidas restrictivas «hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia respecto al Real Decreto Ley 13/2018, porque si lo hacen, y los titulares de las autorizaciones de VTC ven restringidos sus derechos o se les causan lesiones en los mismos, les exigirán las compensaciones económicas oportunas, que ascienden a 4.000 millones de euros».

La patronal de las VTC coge así los datos de EY que realizó un estudio para ellos ¡y recuerda que «la nueva normativa aprobada sobre las VTC por el Gobierno central establece que si una región introduce restricciones sobre las VTC deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector. De este modo, además de limitar las opciones de movilidad en las ciudades y poner en riesgo miles de empleos, el ciudadano será una vez más el gran perjudicado porque al final será él el que asuma el coste de seguir protegiendo el monopolio del sector del taxi a través de sus impuestos».

Las exigencias de los taxistas más combativos darían al traste casi completamente con el negocio de Uber y Cabify

Eduardo Martín, presidente de la asociación que compite con los taxis, reacciona de esta manera a informaciones como las publicadas por OKDIARIO que señalan que los taxistas más combativos ya están exigiendo a las comunidades autónomas (un fenómeno que ha empezado en Cataluña) que repliquen sentencias como la del Tribunal Supremo alemán, que ellos entienden que obliga a las VTC a volver a su base una vez que han realizado un servicio.

Esta obligación daría al traste casi completamente con el negocio de Uber y de Cabify, que encarecería enormemente al empeorar la eficiencia de sus trayectos.

Dudas sobre la constitucionalidad

Unauto VTC destaca las dudas que hay sobre la constitucionalidad del real decreto convalidado aprobado el pasado 28 de septiembre y convalidado después por el Congreso de los Diputados. El motivo, aseguran, es que «priva a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos, y plantea una medida expropiatoria singular que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no está justificado desde el punto de vista de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, ni con los principios de la libre competencia y la libre prestación de servicios», dice un informe del catedrático Muñoz Machado.