Vodafone se enfrentará a demandas judiciales por la subida ilegal de las tarifas

Los clientes de Vodafone verán a partir de hoy como pagan más en sus facturas, tras la aprobación de una subida de tarifas obligatoria a los usuarios de móvil, teléfono fijo y ofertas convergentes. La compañía defiende que el mayor precio se verá acompañado de una mejora de los servicios, pero las asociaciones de consumidores, lideradas por FACUA, han denunciado el caso ante las autoridades de consumo y los organismos encargados de regular las telecomunicaciones. Y ahora los clientes darán un paso más y llevarán a Vodafone a los tribunales.

La clave del conflicto es que a los clientes no se les permite mantener las condiciones contratadas y que, además, no han sido avisados con el mes de antelación que establece la normativa. Para FACUA, esta subida es ilegal, ya que Vodafone debería mantener las condiciones que firmaron los clientes, especialmente en el caso de aquellos que tienen compromisos de permanencia.

Fuentes de la compañía han explicado a OKDIARIO que el incremento de precios es “razonable”, ya que “con un ajuste de dos o tres euros al mes, el valor que se da a los clientes es cuatro o cinco veces superior”. Sin embargo, la batalla está servida, ya que la legislación permite a los clientes con permanencia que Vodafone les mantenga sus tarifas actuales, o bien les compense en la factura quitándoles la penalización si desean darse de baja.

Facua ha recomendado a los afectados que “presenten denuncias contra las autoridades de protección al consumidor” y que “interpongan demandas judiciales” contra la compañía “por incumplimiento de las condiciones ofertadas y contratadas”. Si los clientes deciden hacerlo por procedimiento verbal no será necesaria la asistencia de un letrado ni de un procurador.

“Si el usuario con permanencia decide seguir con la compañía, puede reclamar en los tribunales el mantenimiento de la tarifa ofertada hasta que finalice el periodo de establecido en el contrato y la devolución de lo cobrado de más. Si se da de baja, puede exigir que la compañía le abone como compensación la cantidad que establece el contrato de permanencia como penalización cuando se incumplen sus condiciones”, indica la asociación de consumidores.

Facua ha denunciado el caso, entre otros organismos, ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Vodafone España tiene su sede social.