Sánchez no tiene presupuesto para dar los pisos prometidos a más de 80.000 okupas

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 31/01/2026 05:45
  • Actualizado: 03/02/2026 20:49

La caída del decreto ómnibus y el de antidesahucios ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. Deberá cumplir a posteriori una tarea que ha pospuesto durante seis años: encontrar una alternativa habitacional a los más de 80.000 okupas declarados «vulnerables» por los Servicios Sociales. Sin embargo, la ausencia de Presupuestos Generales impide a los agentes sociales adoptar medidas para todos ellos y liberar así a los pequeños propietarios de su mantenimiento.

No hay recursos económicos y tampoco viviendas disponibles para poder desbloquear una situación que lleva prorrogándose desde 2020. En la propia ley antidesahucios se asigna a las Administraciones públicas la obligación de poner en marcha las medidas indicadas en el informe de servicios sociales para satisfacer la necesidad habitacional de estas personas y «garantizar su acceso a una vivienda digna».

Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Okupación destacan que sin el principal instrumento de política económica del Gobierno -los Presupuestos- los Servicios Sociales se encuentran con las manos atadas para facilitar ayudas, como viviendas sociales, a los más de 80.000 okupas que previsiblemente serán desahuciados a lo largo del año.

Comienzan los desahucios de okupas

La burocracia administrativa diseñada para dilatar los lanzamientos perdió el pasado 27 de enero su base legal, permitiendo que la Justicia ahora recupere su agilidad. Desde el martes los propietarios ya han podido solicitar la ejecución de los desahucios para desokupar sus viviendas en propiedad o reactivar el proceso judicial correspondiente.

De esta manera, decenas de miles de familias prevén ir recuperando sus hogares a lo largo de este año 2026 y, al mismo tiempo, todos sus inquiokupas declarados «vulnerables» por el propio Ejecutivo pasarían a encontrarse en un limbo legal sin solución factible a corto plazo.

«La vulnerabilidad social debe ser atendida por la administración con recursos públicos; el derecho a la vivienda es un mandato constitucional para cualquier gobierno, no una carga que deba soportar el ahorro y el esfuerzo de las familias españolas», explican los propietarios afectados.

Cabe destacar que todas las personas que en este momento permanecían en las viviendas sin pagar la renta ni los gastos del hogar correspondiente a cada uno de los propietarios únicamente pasaron un filtro económico para ser consideradas personas en situación de vulnerabilidad.

De hecho, este medio ya se hizo eco de que aquellos okupas que estuviesen cobrando hasta 1.800 euros al mes estaban blindados ante un posible desahucio. Ahora todas estas personas son responsabilidad del Gobierno, pero en sus planes no hay soluciones reales ni partidas presupuestarias concretas para respaldar a todos los vulnerables que llevan manteniendo durante seis años más de 80.000 personas particulares.

Compensaciones sólo al 7%

En todo este tiempo, además, los particulares destacan que tampoco se ha ejecutado correctamente el decreto de compensaciones que iba anexo a la moratoria. Concretamente, esta ayuda sólo habría llegado al 7% de los afectados.

En conversación con este periódico, los afectados por la okupación lamentaban que se trata de ayudas «miseria» que fue estimando el Ejecutivo dependiendo de la zona y de si se considera zona tensionada: «El Plan Estatal de Vivienda llega hasta donde llega y para pagar todas estas compensaciones harían falta muchos millones de euros», explican.

Sin ir más lejos, con una media de 800 euros de alquiler y 80.000 afectados, el Gobierno tendría que hacer frente a más de 64 millones de euros de compensación por cada mes que la vivienda haya permanecido okupada. Teniendo en cuenta que el decreto antidesahucios estuvo en vigor 70 meses, la cifra rondaría los 4.500 millones de euros sólo para compensar a los pequeños propietarios afectados por la okupación.