Pincha el decreto antidesahucios de Sánchez: el 93% de los propietarios podrá desahuciar a los okupas

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 03/02/2026 14:01
  • Actualizado: 03/02/2026 14:44

El decreto antidesahucios del Gobierno se pincha y más del 93% de los propietarios podrá desahuciar a los okupas en caso de instalarse de manera ilegal en sus viviendas.

Tras el fracaso del Ómnibus en el que Sánchez intentó colar este blindaje a la okupación junto a la revalorización de las pensiones, ahora el Ejecutivo se ha visto obligado a ceder y votar por separado un nuevo decreto que proteja a los pequeños tenedores.

Los de Sánchez han acordado con el PNV que las personas propietarias de 1 o 2 viviendas no se vean afectadas por la séptima prórroga de esta medida que lleva desde 2020 lastrando la economía y la vida de 80.000 propietarios.

El real decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros supone una victoria para los afectados por la okupación debido a que, de salir adelante, corresponderá a los servicios sociales competentes buscar una alternativa habitacional de emergencia para los okupas e inquiokupas «vulnerables».

En este sentido, desde la organización que agrupa a los propietarios con viviendas okupadas señalan a OKDIARIO que un 93,4% de los propietarios que arriendan su vivienda en España son personas particulares con tan solo un inmueble en alquiler, de clase media, y que usan la renta para pagar la hipoteca o complementar su pensión en el caso de los mayores.

Una falsa imagen de «rentistas»

En 2025 el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro tiró por tierra la imagen de «rentista» que algunos partidos políticos y organizaciones de inquilinos llevaban seis años achacando a los arrendadores.

En este informe ponían de manifiesto que la gran mayoría de los caseros eran pequeños propietarios, que sólo un 5,3% de los propietarios cuenta con dos inmuebles y que únicamente un escaso 1,3% dispone de más de tres viviendas en propiedad.

La gran mayoría son, por tanto, pequeños propietarios que, según el perfil que traza este estudio elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven en barrios obreros y tienen más de 65 años.

Responsabilidad del Gobierno

Se trata de una radiografía muy diferente a la defendida por el Gobierno desde la puesta en marcha de la moratoria antidesahucios. Los socialistas y sus socios llevan más de un lustro asegurando que esta medida impedía desahuciar a los okupas más vulnerables de «fondos buitre y grandes tenedores».

En este contexto cobra mayor importancia si cabe el mensaje que llevan defendiendo desde 2020 los afectados por la okupación y que han repetido en varias ocasiones en conversación con este medio:

«La vulnerabilidad social debe ser atendida por la administración con recursos públicos porque el derecho a la vivienda es un mandato constitucional para cualquier gobierno y no una carga que deba soportar el ahorro y el esfuerzo de las familias españolas», han repetido desde la Plataforma de Afectados por la Okupación numerosas veces.

Ahora ante el escaso apoyo recibido en el Ómnibus el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de este martes dos decretos: uno de revalorización de las pensiones para 2026, de otras prestaciones y cotizaciones, incluyendo la congelación de cuotas para los autónomos, y otro decreto con las denominadas «medidas del escudo social» y el blindaje a los okupas de aquellos propietarios que cuenten con más de dos viviendas.