La UE da 1,7 millones a Senegal mientras su presidente quiere vetar a los pescadores españoles

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 26/05/2024 06:50
  • Actualizado: 30/05/2024 10:15

La Unión Europea (UE) estableció un acuerdo de pesca con Senegal mediante el cual se transfirieron 1,7 millones de euros al país africano, según los documentos del Parlamento Europeo. A cambio, los pescadores europeos y en especial los españoles podrían faenar en la zona. Sin embargo, las autoridades senegalesas mantuvieron un bloqueo a las expediciones hasta el 1 de junio de 2022, según el Ministerio de Agricultura. Ahora, el nuevo presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha advertido que pretende revisar los pactos pesqueros para recuperar la «soberanía nacional», por lo que el veto podría volver a producirse.

Bassirou Diomaye Faye fue elegido en abril y ha abierto la puerta a una posible revisión de los permisos de pesca de los europeos en el país. Sin embargo, la actitud de las autoridades comunitarias es completamente opuesta.

Javier Garat, secretario general de Cepesca, afirma a OKDIARIO que «la UE ha dado una serie de aportes económicos para ayudar a países a mejorar sus técnicas, sus infraestructuras… Se conoce como dinero de cooperación al desarrollo». Según el representante, Somalia se encuentra en esa lista.

Es más, Garat desvela que otros países como «Gabón o Mauritania» se encontrarían entre aquellos que cuentan con ayudas europeas mientras «no apoyan las posiciones de la UE en las organizaciones regionales de pesca».

Relación UE-Senegal

El acuerdo de pesca de la UE con Senegal incluye una financiación de 1.700 millones de euros, «que se desglosan en 800.000 euros por los derechos de acceso a las aguas de Senegal y 900.000 euros para el apoyo sectorial a la aplicación de la política pesquera de Senegal, como la mejora del control de la pesca, el desarrollo de la investigación sobre las pesquerías y de la recogida de datos, y la certificación sanitaria de los productos de la pesca», según el Parlamento Europeo.

Este acuerdo fue firmado en 2019. Sin embargo, el que fue ministro de Pesca y Economía Marítima del país africano, Alioun Ndoy, bloqueó el acuerdo un poco más tarde.

«La actividad de la flota comunitaria que faena en Senegal al amparo del acuerdo de colaboración para la pesca sostenible entre este país y la Unión Europea se encontraba paralizada desde 2021 ante la negativa de las autoridades senegalesas a emitir las licencias correspondientes a 2022,  a pesar de haber sido tramitadas y abonadas en tiempo y forma. Un total de 15 embarcaciones españolas habían tramitado y abonado las licencias», explica el Gobierno de España.

«La costa senegalesa es uno de los caladeros de mayor importancia para la flota española que opera en el Atlántico. Con un tonelaje anual de referencia de 14.000 toneladas, el Protocolo de Pesca de la UE  con Senegal ofrece posibilidades de pesca a 28 atuneros congeladores (de los que 16 corresponden a España), 10 atuneros cañeros (7 para España), 5 palangreros de superficie (3 para España) y 2 buques arrastreros de merluza españoles», según el Ministerio de Agricultura.

Dos años después de dicho acuerdo, el nuevo presidente de Senegal vuelve a ponerlo en duda. A finales de este año, el país africano y la UE tendrían que renovar de nuevo el pacto, puesto que caduca. Sin embargo, Faye se presentó a las elecciones somalís con un programa en el que se incluía la revocación de lo firmado.

En ese contexto, la UE se ha gastado 1,7 millones de euros, de los que más de la mitad han ido a mejorar las infraestructuras y técnicas del país que ahora se está planteando vetar a los pescadores europeos en sus mares.

En general, el presidente sólo atiende a lo que buena parte de su pueblo reclama. Los pescadores somalís llevan organizando manifestaciones desde hace más de veinte años en contra de la actividad europea en la zona y en favor de la soberanía de la industria. Estas presiones fueron las que mantuvieron en el limbo los acuerdos durante 2021 y 2022.