El Supremo debate la anulación de la adjudicación de ATLL a Acciona que realizó la Generalitat

El Tribunal Supremo se prepara para determinar la legalidad de la adjudicación de la compañía Aigües Ter Llobregat (ATLL) al grupo Acciona, una operación que supuso la mayor privatización de la historia de Cataluña y que ha sido considerada irregular por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la citada comunidad autónoma. Esta sociedad abastece a cuatro millones de habitantes y fue entregada a Acciona a cambio de 1.000 millones de euros.

Si el Alto Tribunal decide seguir el camino del TSJ de Cataluña y tumba la citada adjudicación, el gobierno regional deberá indemnizar a Acciona con una cantidad que asciende a 300 millones de euros. Además, el grupo que dirige la familia Entrecanales podría reclamar daños y perjuicios, lo que aumentaría la factura para la Administración Pública que, a día de hoy, sigue sin presidente.

La Generalitat ya provisionó en sus cuentas públicas de 2015 una partida de 380 millones de euros para afrontar la citada contingencia, ya que el TSJ dictó sentencia en aquel año en la que anuló todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar ATLL. Posteriormente se ha pronunciado varias veces sobre esta cuestión sin variar su postura.

En la actualidad el contrato se encuentra pendiente de los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo por Acciona y el propio ejecutivo regional que esta semana comienzan a deliberarse.

Todo comenzó en 2012, cuando la Generalitat adjudicó ATLL a Acciona por 1.000 millones de euros con un contrato de concesión de 50 años para incrementar los ingresos públicos en plena sangría fiscal. Era la mayor privatización realizada por el gobierno catalán. Sin embargo, la otra empresa que optaba al concurso, Aguas de Barcelona (Agbar) presentó alegaciones porqué, a su juicio, la licitación vulneró “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”.

A pesar de que el TSJ ha manifestado la necesidad de revertir la adjudicación, el gobierno catalán no ha hecho nada al respecto, ya que el ex presidente Artur Mas han sido el principal valedor de la privatización y, además, ha garantizado los ingresos de ATLL mediante una política de tarifas muy beneficiosa para los intereses de Acciona.

De hecho, la Oficina Antifraude Catalana (OAC) descubrió, tras una investigación, que la Generalitat de Artur Mas «desvió» de forma irregular a Acciona hasta 12 millones de euros a través de ATLL. El organismo determinó que entre 2013 y 2014 esta empresa cobró por unos trabajos que no se realizaron, y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cataluña, que decidió dar carpetazo al caso.

Según el informe del OAC, que fue avanzado por OKDIARIO, Acciona empleó dos filiales para facturar 7,41 millones de euros en 2013 y otros 4,72 millones en 2014, «sin que esté acreditada la existencia de una corriente real de servicios» que justificaran los pagos. El organismo apuntaba a la existencia de un mecanismo de facturas cruzadas por parte del grupo de la familia Entrecanales.

La Agencia Tributaria, tras analizar el informe de conclusiones de la OAC indicó que no apreció indicios de fraude fiscal en la facturación entre las distintas sociedades que forman parte de la ATLL, por lo que el fiscal acordó dar por zanjada también su investigación sobre posibles delitos contra la Hacienda pública.